El Gobierno empieza a mover ficha ante las posibles consecuencias económicas de la guerra en Irán. Con medidas concretas sobre la mesa que aún no han detallado, el Ejecutivo ha iniciado contactos con los grupos parlamentarios para explorar apoyos a un futuro paquete anticrisis inspirado en el que desplegó en 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania.
Las primeras llamadas ya se han producido. El encargado de realizarlas es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha iniciado una ronda de contactos telefónicos con los portavoces parlamentarios. Esta vez, además, el Ejecutivo ha incluido también a Vox en la lista.
Según confirman fuentes de varios partidos, el ministro está trasladando “la gravedad de la situación geopolítica” y solicitando aportaciones a los grupos, en un esquema similar al que el Gobierno utilizó tras la invasión rusa de Ucrania.
Pero no todas las conversaciones se anticipan sencillas.
En la agenda de Bolaños hay dos llamadas especialmente incómodas. La primera está dirigida a Vox, con quien la interlocución política es prácticamente inexistente. La segunda apunta al Partido Popular. Desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo han tardado, pero finalmente han confirmado la llamada a la portavoz nacional, Ester Muñoz. Ya anticipaban que, de producirse, no sería el propio líder de la oposición quien atendiera la llamada, ya que “Bolaños es el encargado de ese asunto”, señalan fuentes del equipo del dirigente popular.
Mientras tanto, el Gobierno acelera también por la vía económica.
Antes de la comparecencia prevista para el próximo día 25 en el Congreso —en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijará la posición del Ejecutivo ante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel— el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reordenado su agenda para reunirse con los sectores potencialmente afectados. Hoy lo hará con representantes empresariales y mañana, según prevé el Gobierno anunciar a lo largo del día, con la patronal y los sindicatos.
El objetivo es doble: medir el impacto económico del conflicto y preparar el terreno político para las medidas que el Ejecutivo pretende llevar al Parlamento.
Porque, en última instancia, el Gobierno necesita votos.
Las iniciativas que finalmente se presenten deberán ser convalidadas en el Congreso, como ya ocurrió en marzo de 2022 con el Real Decreto que puso en marcha el primer paquete de respuesta económica y social a la guerra de Ucrania. Y la aritmética parlamentaria actual no juega precisamente a favor de La Moncloa.
Sintonía sí, consenso… ya veremos
“Todos tenemos el mismo interés: el bienestar de los ciudadanos”.
Con ese mensaje intentaba marcar un tono conciliador el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. El Gobierno busca ahora un clima político que permita construir mayorías que hoy no tiene aseguradas.
Por ahora, casi todos los partidos están dispuestos a hablar. Otra cosa muy distinta será acordar las medidas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de haber “perdido la oportunidad de aprobar medidas reales”. Frente a ese reproche, el presidente Pedro Sánchez respondía recientemente en una entrevista en eldiario.es que “Feijóo y Abascal dicen ‘no a todo’, salvo a la guerra”.
Un intercambio de reproches que anticipa la dificultad de cualquier acuerdo parlamentario.
El Ejecutivo tiene aún muy reciente el precedente de finales de febrero, cuando sufrió una doble derrota en el Congreso. PP, Vox, Junts y UPN sumaron entonces 177 votos para tumbar el llamado escudo social. El principal punto de fricción fue la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
También cayó el decreto impulsado por el ministro Pablo Bustinduy para limitar subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia. Exactamente el tipo de escenario que ahora vuelve a planear sobre la economía europea y que habría permitido topar los precios.
En medio de ese pulso político, el Gobierno intenta abrir una vía de entendimiento.
Cuerpo ha recordado que “varias de las medidas que ha propuesto el PP ya fueron aprobadas anteriormente por el Gobierno” y ha expresado su confianza en “poder articular medidas que conciten el mayor respaldo posible”.
Los populares, por su parte, preparan su propio movimiento. El grupo parlamentario registrará una proposición no de ley con sus propias recetas para paliar los efectos económicos derivados del conflicto.
La gran incógnita es el calendario.
¿Llegará el Gobierno a la comparecencia de Sánchez del día 25 con un plan ya definido?
¿O el consenso volverá a encallar en el Congreso?
No sería la primera vez.
En 2022, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, Sánchez ya advirtió sobre el alcance de aquellas medidas: “Tendrán un coste y exigirán sacrificios”.
La diferencia ahora es que el Gobierno confía en que, tras aquella experiencia, el país esté mejor preparado para afrontar una nueva crisis.
