El desahucio de Maricarmen ha generado un caldo de cultivo que en las últimas horas se ha traslado a las calles marcando un antes y un después en la conversación pública en materia de vivienda.
Las dos almas del Gobierno, PSOE y Sumar, asumen que el próximo martes, el Consejo de Ministros, debe aprobar un texto con medidas urgentes que den respuesta al clamor social que recorre el país y que se ha instalado en la Puerta del Sol para decir “basta ya”.
El ejecutivo asume la urgencia y trabaja con esa premisa, pero nada se puede dar por sentado. Vamos por partes.
La fórmula legislativa de urgencia, el Real Decreto-ley, es un mecanismo constitucional que permite al poder Ejecutivo aprobar normas con rango de ley de forma inmediata.
El texto con las medidas acordadas se redactan y se sellan en el Consejo de Ministros que posteriormente, en el plazo máximo de un mes, deben ser ratificadas en el Congreso de los Diputados por mayoría simple, es decir, requiere más votos a favor que en contra.
De momento, ni si quiera los socios del Gobierno están en el mismo punto. Competen la urgencia, sí, pero no hay consenso en el conjunto de las medidas lo que ha llevado a Sumar —ya lo hicieron hace medio año en otro Consejo de Ministros— a amenazar con plantarse y no acudir a la reunión. “Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta”, apuntan en un comunicado emitido este sábado.
En la nota, Sumar dice que "el PSOE no se puede poner más de perfil". Y aunque en muchas de las medidas habrá consenso, como la prórroga de los alquileres o la protección de las familias frente a los desahucios, desde la parte minoritaria del Gobierno reclamarán también la expropiación del piso de Maricarmen. Algo a lo que el PSOE, se niega.
Cuestión de números
El Partido Popular ya ha marcado distancias: se pronunciará al conocer el contenido del decreto, pero no negociará con el Gobierno su contenido. Ni el PP ni Vox estarán para salvar este texto, lo que estrecha aún más el margen del Ejecutivo: cada voto de PNV, Junts, Podemos, ERC o Bildu pasa a ser imprescindible.
Tras meses de un Gobierno frágil y una mayoría parlamentaria descompuesta, parece que algo ha cambiado: Junts, que rompió con el Ejecutivo y se negaba a cualquier interlocución, se ha sentado a negociar. Al menos en esta fase, vuelven a estar todos en la mesa.
La dificultad está en encontrar un equilibrio que no haga caer el acuerdo por ninguno de los dos extremos. Sumar y Podemos exigen medidas como la expropiación; PNV y Junts reclaman, en cambio, incentivos fiscales para propietarios o cambios en la ley del suelo para construir más. Son exigencias que, a su vez, alejan a las formaciones de izquierda.
Acercar posturas bajo presión
Desde la Moncloa reconocen “la enorme presión” que se vive estos últimos días y que condiciona de lleno el marco de negociación.
Nadie quiere ser el culpable de que el decreto decaiga, y todo se quede igual. Sin embargo, no se puede dar por sentado que las formaciones vayan a apoyar medidas de carácter ideológico que vayan contra sus propias bases.
Las posiciones están “alejadas” y la cuenta atrás está activada. Hasta el próximo martes quedan 48 horas de intensa negociación a múltiples bandas.
La responsabilidad es compartida. Per el Gobierno cuenta con una última bala para aprobar un texto que dé respuesta a la indignación en las calles y a su vez obtener un respiro en un momento político de enorme fragilidad con la otra gran crisis, la de Ceuta, que tampoco logra solucionar.
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