Desde hace tiempo, el Congreso de los Diputados ha dejado de ser únicamente un espacio de control democrático para convertirse también en un escenario donde el ruido compite con la información. Activistas reconvertidos en supuestos reporteros —como Vito Quiles o Bertrand Ndongo— han hecho del enfrentamiento, la provocación y el bulo su principal herramienta de visibilidad.
No es un fenómeno anecdótico. Es un modelo de negocio. Miles de seguidores, vídeos virales y una estrategia clara: tensionar los límites del sistema para convertir cada incidente en contenido. El problema no es solo de estilo; es de naturaleza. Porque no todo el que sostiene un micrófono ejerce el periodismo, igual que no todo el que viste un uniforme representa a la ley.
El periodismo es un oficio. Exige método, contraste, responsabilidad y límites. Reducirlo a un canal de confrontación permanente no solo degrada la profesión: erosiona directamente el funcionamiento de las instituciones.
Suma y sigue: más de una docena de expedientes en tramitación
El volumen de expedientes abiertos refleja que la situación ha dejado de ser tolerable incluso para los estándares flexibles con los que tradicionalmente ha operado la Cámara. Según fuentes de la Mesa, hay “más de una decena de denuncias en distintas fases de tramitación”, con especial concentración en perfiles reincidentes.
En el caso de Vito Quiles, constan al menos media docena de expedientes. Si se suman los vinculados a Bertrand Ndongo, la cifra total supera ampliamente la decena. Cada denuncia se tramita de forma independiente, pero su acumulación permite elevar el nivel de las sanciones. En al menos uno de esos expedientes, Quiles presentó recurso acogiéndose a lo previsto en el reglamento, aunque lo hizo fuera de plazo; pese a ello, el letrado lo admitió, una decisión que, según fuentes parlamentarias, no se ajustaría al procedimiento establecido.
La última queja formal la ha presentado esta misma mañana el grupo parlamentario Sumar después de que Ndongo llamara “idiota” a la diputada Aina Vidal en la sala de prensa y, posteriormente, tratara de impedirle montar en un taxi en la zona exterior del Congreso.
Mañana mismo, el Consejo Consultivo —integrado por representantes políticos y profesionales de la información— se reunirá por quinta vez, por instrucción de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras la última denuncia registrada contra Vito Quiles, en este caso impulsada por Podemos a finales de abril. Una reunión que servirá para abrir cauce a un nuevo expediente.
Las denuncias registradas se encuentran ya, en muchos casos, en manos de la Secretaría General, donde un letrado analiza los hechos y elabora un informe con propuestas de sanción. La decisión final corresponde a la Mesa, que puede ordenar su aplicación inmediata en cuanto reciba dicho informe.
En la Presidencia del Congreso asumen que “la reiteración de conductas puede justificar medidas más severas”. Entre ellas, la retirada de acreditación como paso previo a la expulsión efectiva del circuito informativo parlamentario, algo que consideran posible “al menos durante lo que resta de legislatura”. La idea es que, una vez expulsados, no puedan volver en un largo periodo de tiempo, explican las mismas fuentes.
Un reglamento nuevo frente a una impunidad persistente
La reforma del reglamento aprobada en septiembre de 2025 nació precisamente para evitar este tipo de situaciones. Por primera vez, se establecía un marco sancionador claro para personas acreditadas como periodistas que obstaculicen la actividad parlamentaria o alteren el funcionamiento ordinario de los medios.
El texto recoge hasta 17 tipos de infracciones clasificadas por gravedad. Entre las más severas se incluyen las faltas de respeto, los comportamientos intimidatorios, los enfrentamientos dentro del recinto o la grabación encubierta en espacios reservados. Supuestos que, lejos de ser teóricos, ya se han producido. Algunos de los episodios han sucedido en las últimas horas.
La intención del reglamento era clara: acotar la impunidad. La realidad, sin embargo, ha ido por detrás de la norma.
Porque mientras los expedientes se acumulan en los despachos, en la calle la dinámica apenas cambia. Semana tras semana, algunos de estos perfiles siguen sobrepasando los límites de seguridad en el exterior del Congreso, con una permisividad por parte de la policía que contrasta con la rigidez que se aplica al resto de profesionales.
El resultado es una anomalía difícil de sostener: un reglamento diseñado para ordenar que todavía no ha logrado imponerse sobre quienes viven, precisamente, de desafiarlo.
Y ahí es donde la Mesa del Congreso se juega algo más que la resolución de unos expedientes. Se juega marcar una línea clara entre información y agitación. Entre periodismo y espectáculo.
Porque si esa frontera desaparece, lo que se degrada no es solo una profesión. Es el propio espacio democrático que pretende.
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