La moción de censura no es una opción real. Al menos a día y hora de redactar estas líneas, los 176 votos necesarios para que esta herramienta constitucional prospere solo existen en el deseo de Alberto Núñez Feijóo y en los gráficos que los medios de comunicación elaboran para explicar, una vez más, los escaños que harían falta para un planteamiento semejante.
¿Por qué entonces insiste el PP en una moción de censura “instrumental”? Porque responde a una estrategia política. Una más de las muchas que los partidos ponen en marcha para condicionar el debate público. En esta ocasión podría definirse como una estrategia de contraste: exponer las contradicciones de un adversario político y obligarle a retratarse.
Según explican desde Génova, el objetivo pasa por “colectivizar” la responsabilidad que, a juicio del equipo de Feijóo, tienen los socios parlamentarios al seguir sosteniendo a un Gobierno cercado por las investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción.
Más allá de la agenda judicial, en el PP consideran que ya no existe una verdadera “coincidencia ideológica” entre las dos formaciones nacionalistas de centroderecha y el Ejecutivo central. Por ello, insisten en señalar públicamente tanto a los de Puigdemont como a los de Aitor Esteban, con la intención de aumentar el coste político de su respaldo a Pedro Sánchez.
Junts y PNV, el difícil equilibrismo político
Catalanes y vascos han reclamado de forma reiterada a Pedro Sánchez un cambio de escenario. Desde la exigencia de una cuestión de confianza, en el caso de Junts, hasta la petición de un adelanto electoral, defendida en varias ocasiones por el PNV.
Ambas formaciones, decisivas para la investidura surgida de las elecciones de 2023, muestran por motivos diversos —entre ellos una situación judicial que consideran “irrespirable”— una creciente distancia respecto al Ejecutivo al que contribuyeron a sostener. Sin embargo, los intereses políticos en Cataluña y Euskadi hacen prácticamente imposible cualquier acercamiento al PP mientras este mantenga su actual relación con Vox.
Un simple contacto para explorar una eventual moción de censura, en la que los votos de Santiago Abascal resultarían imprescindibles, podría tener un coste electoral demasiado elevado para Junts y para el PNV. El riesgo de aparecer alineados con la formación de derecha radical es, hoy por hoy, un límite difícilmente salvable para ambos partidos.
De esta forma, tanto Junts como el PNV parecen haber señalado ya una salida de emergencia por si alguno de los procedimientos judiciales que afectan al entorno del Gobierno —y especialmente aquellos que puedan comprometer políticamente al núcleo duro de Sánchez— les obligara a tomar distancia. Pero, por el momento, ninguno parece dispuesto a abandonar el tren en marcha.
Una herramienta de presión política
La realidad parlamentaria convierte la moción de censura en un ejercicio sin recorrido práctico. Sin embargo, su mera formulación permite al PP trasladar la presión política hacia los socios del Gobierno y obligarles a posicionarse públicamente. En ese sentido, una moción puede generar desgaste, marcar agenda e incluso reportar rédito político aunque esté condenada al fracaso desde su presentación.
Ahora bien, el recurso permanente a esta amenaza también entraña riesgos. Cada órdago que no se concreta o que nace sin opciones reales de prosperar reduce su capacidad de impacto y erosiona su credibilidad como instrumento de oposición. Además, los tiempos parlamentarios juegan un papel relevante. Una eventual moción exige trámites y plazos que, en el contexto actual de la legislatura, acercarían aún más el calendario político al horizonte electoral. Para cuando pudiera sustanciarse plenamente, España ya estaría prácticamente instalada en la precampaña de las próximas elecciones generales.
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