La ciudad fronteriza marroquí de Castillejos continúa mostrando este domingo un amplio despliegue de seguridad. Marruecos exhibe así, a las puertas de Europa, su capacidad para neutralizar y replegar —en definitiva, controlar— el intento de llegada de cientos de migrantes que en las últimas horas tenían como objetivo alcanzar la ciudad autónoma de Ceuta. La diplomacia, cuando se ejerce con voluntad por ambas partes —las conversaciones entre el Ejecutivo español y la monarquía alauí no cesan—, funciona.
No obstante, y a pesar de que la zona fronteriza se encuentra más tranquila en los últimos días, la situación en Ceuta sigue sin recobrar la normalidad. El Gobierno trata de rebajar la tensión mientras cientos de personas migrantes continúan en el lado español, la mayoría en una situación de penuria y con escasez de los recursos más básicos.
Según el último balance del Ministerio del Interior, cerca de 5.000 personas permanecen todavía en Ceuta tras entrar el pasado 30 de julio. De ellas, 1.800 son menores ya registrados.
Sin diplomacia doméstica
La tensión por la crisis de Ceuta continúa trasladándose a la política nacional y el último choque entre el Gobierno y el PP tiene ahora como escenario la situación sanitaria de la ciudad autónoma.
“Los ceutíes tienen derecho a vivir tranquilos. Las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo. Los niños tienen derecho a crecer seguros”, ha escrito el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en redes sociales sobre la crisis.
Minutos antes, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, había exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que responsabiliza del “colapso sanitario” que, a su juicio, sufre Ceuta. “La señora ministra debe asumir su responsabilidad. Ya no le pido que vaya, le pido que dimita”, afirmó.
En paralelo a estas declaraciones, la titular de Sanidad, desplazada a Ceuta, aseguraba que “no hay colapso”. García añadía que “se ha puesto a Ceuta y Melilla como prioridad del Ministerio de Sanidad”.
La ministra sí ha reconocido que existe un riesgo para los migrantes derivado del hacinamiento de personas. Por ello, ha propuesto a la Ciudad Autónoma que habilite y ceda espacios para poder desarrollar actuaciones de salubridad y realizar diagnósticos precoces.
Un diagnóstico que no comparte el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha pedido a la ministra —con quien ha mantenido una reunión— que atienda las demandas del colectivo sanitario de la ciudad autónoma. Vivas ha subrayado que la región “está en peligro” tras una entrada masiva que ha alterado “radicalmente” su normalidad.
Desciende la presión sobre el sistema sanitario
Según los datos aportados este domingo por el Ministerio de Sanidad, en los últimos 15 días se ha atendido en Ceuta a 5.800 migrantes: 3.500 en atención primaria y otros 2.300 en el hospital.
Aunque el Ministerio reconoce el mayor esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios, que han afrontado un mayor tensionamiento del sistema, sostiene que el volumen de atenciones ha descendido desde las 1.100 registradas el primer día hasta las 193 de este sábado.
El hospital atiende actualmente a 101 pacientes ingresados, de los cuales 28 son migrantes. Solo uno permanece en la UCI.
Los datos forman parte de la argumentación del Gobierno para sostener que el sistema sanitario está tensionado, pero no colapsado. El PP mantiene, sin embargo, su diagnóstico y convierte la gestión sanitaria de la crisis migratoria en el nuevo frente de confrontación con el Ejecutivo.
Abascal exige responsabilidades penales a Sánchez
Mientras el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP continúa sin una vía de comunicación abierta entre ambos, Vox sigue elevando el tono y tratando de ocupar el espacio más duro de la oposición ante la crisis de Ceuta.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “abandonar” Ceuta para “desmoralizar” a sus habitantes y conseguir que “tiren la toalla”, abandonen la ciudad y esta sea “entregada” a Marruecos.
Abascal ha defendido así la tesis de que el Gobierno pretende dejar territorio español en manos del país vecino, una acusación que no aporta pruebas y que el líder de Vox vincula directamente con la gestión de la crisis migratoria.
Además, ha vuelto a calificar a Sánchez de “traidor” y ha reiterado que “tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo” por la crisis migratoria en Ceuta.
En Vox apelan al artículo 102 de la Constitución, que regula la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno. El precepto establece que, cuando la acusación sea por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, esta solo podrá plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.
El Reglamento del Congreso desarrolla este procedimiento y establece que la iniciativa debe formularse por escrito y estar firmada por, al menos, una cuarta parte de los diputados. Posteriormente, tendría que ser aprobada por mayoría absoluta para que la Presidencia del Congreso la comunique al Tribunal Supremo.
El conflicto de Ceuta entra así en una nueva fase. Con la frontera más contenida y Marruecos manteniendo el control del otro lado del paso fronterizo, la batalla política se desplaza al territorio español: primero, a la capacidad de respuesta de las administraciones y, ahora, de forma especialmente visible, al estado del sistema sanitario. El Gobierno defiende que existe tensión pero no colapso; el PP reclama responsabilidades políticas y Vox eleva la presión hasta el terreno penal. La crisis migratoria sigue, por tanto, lejos de quedar cerrada.
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