A la espera de conocer los detalles del sumario y, sobre todo, de la comparecencia del expresidente ante el magistrado José Luis Calama el próximo día 2 de junio en la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez y su equipo han optado por desplegar un mensaje de tranquilidad y aparente normalidad que, en privado, pocos sostienen ya con convicción.
De momento, el Gobierno ha dejado de lado el argumento del lawfare. Ya no puede atribuir la investigación a una operación impulsada desde Estados Unidos bajo la influencia de Donald Trump, ni sostener tampoco que la organización ultraderechista Manos Limpias —que trató de atribuirse de forma oportunista el mérito de la causa— esté detrás de la imputación.
Aunque públicamente ministros y dirigentes socialistas mantienen la línea de defensa fijada por Moncloa, en privado empieza a extenderse el temor a “quemarse las manos” o incluso “achicharrarse” por una defensa cerrada de Zapatero que podría verse comprometida por el contenido del sumario y las próximas decisiones judiciales. Algunos reconocen ya que la sensación de una legislatura “tocada y hundida” resulta comprensible.
Sánchez viaja a Roma con la sombra de Zapatero
Pedro Sánchez viajará a Roma el martes y el miércoles, donde mantendrá un encuentro con el papa León XIV. Su agenda internacional le impedirá presidir la reunión del Consejo de Ministros y también ausentarse de la sesión de control al Gobierno en el Congreso prevista para la mañana del miércoles.
Todas las miradas estarán puestas en su comparecencia ante los periodistas tras reunirse con el Pontífice. Será la primera desde que se conoció el auto judicial y en ella la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco de la presunta trama investigada en el caso Plus Ultra monopolizará previsiblemente las preguntas.
El caso Plus Ultra irrumpe en el Congreso
Sin la tensión de la semana pasada —marcada por la ausencia de Sánchez— el Congreso y el Senado afrontan ahora una nueva ofensiva parlamentaria de la oposición. Entre el martes y el miércoles, varios ministros responderán a preguntas centradas en el caso Plus Ultra, la imputación de Zapatero y los distintos frentes judiciales que cercan al Ejecutivo.
La corrupción volverá además al centro del debate político con una moción impulsada por el PP para exigir responsabilidades al Gobierno. La iniciativa se debatirá el miércoles por la mañana, coincidiendo con una sesión de control en la que la oposición insistirá en vincular la crisis judicial con el desgaste político de la legislatura.
La “incredulidad” de los socios y la espera estratégica
Los socios parlamentarios del Gobierno observan la situación con creciente incomodidad. Tras la caída de José Luis Ábalos y Santos Cerdán —dos figuras clave en la arquitectura política de Sánchez— y después de las investigaciones que afectan a Begoña Gómez y al hermano del presidente, en algunas formaciones admiten que la imputación de Zapatero supone “otra dimensión” política.
“Los próximos días serán determinantes”, reconocen dirigentes de EH Bildu y ERC, donde empieza a instalarse la percepción de un posible final de legislatura.
Por ahora, nadie mueve ficha. Los socios no contemplan una salida viable con los elementos que existen sobre la mesa y esperan a que sea el propio Gobierno quien tome la iniciativa. Tampoco las formaciones nacionalistas más distantes de Moncloa, como Junts o el PNV —que sí coinciden ocasionalmente con el PP en algunas votaciones— contemplan vincular sus votos a una eventual moción de censura sostenida por Vox.
Al mismo tiempo, entre los aliados parlamentarios del Ejecutivo se extiende una mezcla de incredulidad y cautela. Saben que necesitan marcar distancias y mantenerse cerca de una posible salida de emergencia ante lo que pueda conocerse en los próximos días.
En la Moncloa insisten en no alterar el guion y resistir hasta 2027. Pero el marco político ya ha cambiado. Y esta vez no depende de Sánchez. Depende de la investigación, del juez y de si Zapatero decide —o no— contarlo todo.
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