Manuel Llamas ha llegado este viernes al Senado con la dimisión descartada de antemano. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil se ha enfrentado a una de las primeras preguntas que esperaba, si pensaba dejar el cargo tras ser imputado en el caso Leire, y ha respondido sin margen para la duda, "en absoluto". El teniente general ha insistido en que no considera cuestionado su honor por estar investigado, y ha añadido que, aunque llegara a ser procesado, tampoco se plantearía dimitir.
La firmeza de Llamas contrasta con las presiones que ha recibido en las últimas semanas para que abandonara su puesto. Distintas asociaciones de mandos y oficiales de la Guardia Civil pidieron conjuntamente su cese poco después de conocerse la imputación, y un exjefe del cuerpo en Cataluña llegó a reclamarle públicamente que dimitiera "por honor". También el PP exigió su salida, calificando de "inasumible" su continuidad al frente del cuerpo. Pese a ello, el propio Llamas ha explicado que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le habría trasladado personalmente su apoyo tras la imputación y calificado su situación procesal de "injusta".
Llamas también ha respondido a las críticas sobre las instrucciones trasladadas a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). Según ha explicado, cuando pidió que los investigadores no fueran "proactivos" no pretendía limitar ninguna investigación, sino recordar que la dirección de las causas judiciales corresponde a los jueces y no a los agentes encargados de ejecutarlas. A su vez, ha lamentado lo que considera un "exceso de protagonismo" acompañado, en algunos casos, de cierta "vanidad" por parte de determinados investigadores. Sin mencionar nombres, ha sostenido que algunos miembros de la Guardia Civil han asumido funciones que, en su opinión, exceden el papel que les corresponde dentro de una investigación judicial.
La defensa de Llamas ante la Audiencia Nacional
Durante su comparecencia este jueves ante Pedraz, Llamas ha defendido que las investigaciones reservadas abiertas para esclarecer varias filtraciones periodísticas relacionadas con la Unidad Central Operativa (UCO) respondían a un procedimiento previsto en el reglamento interno del cuerpo y no perseguían ejercer presión sobre los investigadores.
En la declaración que se prolongó durante cerca de tres horas y en la que compareció como investigado en el marco del 'caso Leire Díez', el teniente general rechazó haber ordenado o promovido actuaciones dirigidas a condicionar el trabajo de la UCO. Según fuentes jurídicas, también negó haber pedido a ningún miembro de la Guardia Civil que "se pusiera de perfil" en las investigaciones contra el Gobierno.
La comparecencia del DAO se enmarca en la investigación abierta por el juez Pedraz que trata de esclarecer, entre otros aspectos, si la apertura de varias informaciones reservadas estuvo relacionada con la supuesta influencia que la exmilitante socialista habría ejercido sobre la dirección de la Guardia Civil. La causa también analiza el papel de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya declaración prevista para este jueves ha sido aplazada hasta mañana viernes debido a la duración del interrogatorio a Llamas.
El teniente general también ha asegurado haber sufrido una "campaña de descrédito y desinformación" desde que su nombre apareció vinculado al procedimiento. El teniente general ha defendido así que las actuaciones investigadas se enmarcaban en los procedimientos previstos por la normativa interna de la Guardia Civil.
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