La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará públicas el próximo 16 de julio las dos primeras sentencias relativas a las dudas planteadas por tribunales españoles sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía y su encaje con el Derecho comunitario. Sobre esta norma, el alto tribunal europeo ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales, que deberá resolver mediante resoluciones de carácter vinculante.
En esta ocasión, el TJUE se pronunciará sobre los dos asuntos respecto de los cuales el Abogado General emitió dictámenes en noviembre del año pasado, en los que rechazó que la tramitación de la ley supusiera una “autoamnistía” o que entrara en conflicto con la normativa de la UE en materia de lucha contra el terrorismo o de protección de los intereses financieros comunitarios; si bien apreció la posibilidad de que existan vulneraciones menores del Derecho de la Unión.
El primero de estos procedimientos deriva de la cuestión elevada por el Tribunal de Cuentas acerca de la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de otras personas por el uso de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, así como para respaldar la acción exterior del 'procés'.
La segunda resolución dará respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en la causa por terrorismo atribuida a varios integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), con el fin de determinar si la aplicación de la amnistía en este procedimiento vulneraría el Derecho comunitario y supondría garantizar la impunidad de los delitos investigados.
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