El Pleno del Congreso votará este miércoles una moción del Partido Popular en la que se insta al Ejecutivo a explicar qué hizo el Gobierno central y la Delegación del Gobierno en Ceuta tras los avisos de los servicios de inteligencia sobre una llamada a una entrada masiva en la ciudad autónoma, la víspera de la que tuvo lugar el pasado 30 de julio.
La iniciativa, consecuencia de la interpelación que el diputado Carlos Rojas dirigió en la última sesión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, no será finalmente una reprobación, aunque el PP sí pretende que la Cámara exija al Gobierno que informe “con claridad de todas las alertas recibidas que anticipaban el asalto a la frontera de España con Marruecos”.
Los populares quieren que se especifique a qué autoridades se entregaron dichos avisos, qué decisiones se tomaron a continuación y qué órdenes expresas se dieron, además de detallar “la cadena de mando entre los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado que dieron, recibieron o trasmitieron dichas órdenes”, tanto en la organización central como en la territorial.
El debate llegará dos días después de la dimisión del hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que se despidió asegurando que, semanas antes del 30 de julio, se emitieron informes y comunicaciones diarias y se pidieron medidas y refuerzos en la frontera. Antes, el 11 de septiembre, ya había dimitido su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con uno de sus agentes el 29 de julio.
Tras la desclasificación de la información que permitió conocer esos contactos, Pérez Triano aseguró que los desconocía, algo que su excolaborador rebatió al señalar que le había informado “personalmente”.
El PP reclama más medios para las Fuerzas Armadas y una condena expresa
Con su moción, el PP también pretende que el Congreso inste al Gobierno a “cumplir los objetivos de la política de defensa ante la crisis para la Seguridad Nacional declarada en Ceuta”, a dotar a las Fuerzas Armadas de todos los medios humanos y materiales necesarios para cumplir su misión y a reconocer como “agentes de la autoridad” a quienes actúan allí en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, los populares quieren que la Cámara reconozca la “extraordinaria labor” de los militares desplegados en la zona, “especialmente a aquellos de sus miembros que han tenido que recibir asistencia hospitalaria”, y que condene “en los términos más enérgicos” los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, así como la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de España.
Vox reclama una auditoría integral, expulsiones y el rechazo al reparto de menores
Este miércoles también se votará una moción de Vox, consecuencia de una interpelación al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que coordina la actuación del Gobierno en Ceuta. En su texto, la formación de Santiago Abascal demanda una auditoría integral, la expulsión de los extranjeros que han entrado de forma irregular y el rechazo al reparto de los menores migrantes.
Vox apuesta por promover la modificación de la Ley de Extranjería, así como de las normas que regulan la actuación policial y de todas aquellas disposiciones normativas que impidan la “devolución inmediata” de quienes entren “ilegalmente” en España. La formación también urge a realizar una auditoría integral de los costes extraordinarios soportados por las administraciones “como consecuencia directa de la crisis de seguridad iniciada el 30 de julio” y que, según su texto, fue provocada por el acto de agresión del que responsabiliza a Marruecos.
En relación con los menores migrantes no acompañados, Vox propone el retorno al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, de acuerdo con el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, y solicita la paralización de cualquier reparto o traslado a la Península.
Relaciones con Marruecos y refuerzo permanente en Ceuta y Melilla
En el capítulo relativo a Marruecos, la formación de Santiago Abascal vuelve a plantear la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación y exige la cooperación “de forma activa, efectiva y expeditiva” del país vecino en la readmisión de los nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión desde España sean acordados por autoridades administrativas o judiciales.
Del mismo modo, Vox aboga por exigir a Marruecos que acepte, “sin excepción ni excusa formal ni material”, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de personas de nacionalidad marroquí, mayores o menores de edad, habilitando de forma inmediata los medios y la logística precisos para su entrega y recepción.
Por último, la moción pide un refuerzo “de forma permanente” de las Fuerzas Armadas y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Ceuta y Melilla, con los efectivos y recursos personales, materiales, tecnológicos, logísticos y jurídicos necesarios “para impedir cualquier nuevo acto de agresión”, además de protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento “claras y acordes” a Derecho, que aseguren “el éxito” de la función encomendada de garantizar la defensa y seguridad de las fronteras, incluida la marítima con la Armada Española.
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