El Tribunal Supremo, ha respondido frente a la Comisión Europea, debido al restrictivo dispositivo para la cobertura periodística, ante la cual el tribunal impidió emitir la señal tanto en directo como en internet. El órgano liderado por Isabel Perelló, protesta fente las duras críticas hacia la sentencia, por parte de medios judiciales y académicos, especialmente con dos votos concretos los cuales denunciaron la violación de garantías constitucionales básicas del condenado.
En su respuesta a la Comisión Europea, el tribunal destaca que "el juicio tuvo lugar ante el Supremo el pasado noviembre y recibió una gran cobertura mediática", y que además, "las sesiones de la vista, que se produjeron sin incidentes notables, fueron íntegramente emitidas por un canal interno a más de 200 periodistas acreditados de medios nacionales e internacionales localizados en las dependencias del Tribunal".
Pese a todo el revuelo y la polémica que provocó el juicio de Gracía Ortiz, el Tribunal Supremo, se ha apoyado en él para contribuir al último informe del Estado de Derecho de la UE, para quejarse por las críticas recibidas. No lo citan por su nombre, pero una de ellas, es la del ministro para la Transformación Digital, Óscar López que, al valorar la sentencia ante los medios, afirma que, "muchos guiones de Hollywood" tenían "menos creatividad", que la resolución.
El mismo defensor de García Ortiz, abogado del Estado también, se refirió como "inquisitorial" a la instrucción de la causa durante el juicio. No obstante, el informe del Supremo no se refiere a los servicios jurídicos del Estado. En su texto no se han detenido aquí, y también se han acordado de las acusaciones de lawfare, ya que consideran que, "retratan al acusado como la víctima de un procedimiento motivado políticamente". "Algunos representantes políticos han utilizado expresiones como 'golpe de Estado judicial' y han reiterado que la condena forma parte de una operación 'organizada y coordinada' para desestabilizar al Ejecutivo", mantiene el tribunal.
Para finalizar, también comentan que "muchas de estas declaraciones se hicieron incluso antes de que el texto de la sentencia se hubiera hecho público", y que, "el Tribunal Supremo no ha dado respuesta a ninguna de estas manifestaciones", concluyen en el documento enviado a la Comisión Europea.
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