El PP se ha volcado este lunes en el gran apagón, del que se cumple un año el martes, en plena polémica por la 'prioridad nacional' en sus pactos con Vox y en la semana decisiva del juicio de la 'Kitchen', en la que van a declarar los dos principales imputados, el exministro Jorge Fernández Díaz, y su exsecretario de Estado, Francisco Martínez.
Alberto Núñez Feijóo ha señalado este lunes a Pedro Sánchez y a la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, como máximos responsables del apagón del 28 de abril de 2025, subrayando que ninguno de ellos “debería seguir en el cargo”. A su juicio, ese “colapso del sistema eléctrico” fue consecuencia directa de “la incompetencia” y “la irresponsabilidad” del Gobierno, así como de “una política energética ideologizada”.
En la inauguración de la jornada “A un año del gran apagón”, organizada por el Grupo Popular en el Congreso y en la que también ha intervenido la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, Feijóo ha descrito el apagón como un “síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez tiene sometido a nuestro país”. El encuentro ha incluido dos mesas redondas con especialistas en el sistema eléctrico y ha sido clausurado por el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal.
Durante su intervención, el líder del PP ha denunciado que, tras el apagón, llegó el “apagón informativo, el de la transparencia y la rendición de cuentas”, ya que, según ha remarcado, los ciudadanos siguen “sin explicaciones claras y veraces del Gobierno, y sin que este haya asumido ninguna responsabilidad”.
Feijóo ha censurado que haya habido “ninguna responsabilidad, ninguna dimisión. Solo confusión, mentiras e insultos”, y ha acusado al Ejecutivo de llevar un año haciendo “luz de gas” a los españoles. Ha recordado que en un primer momento se habló de “sabotaje” y de “ciberataques”, después se apuntó a los “operadores privados” y “luego se dedicó a diluir el problema”.
Una "política ideologizada"
El dirigente popular sostiene que “no fue un accidente imprevisible, no fue ni un cisne negro ni algo que simplemente sucedió”, sino que el “colapso” del sistema eléctrico del 28 de abril de 2025 estuvo ligado a “una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable”.
Feijóo ha recalcado que “hubo avisos y están documentados”, citando que en mayo de 2024 un informe de Red Eléctrica “advertía con claridad al riesgo del apagón”. Ha recordado además que a finales de ese año “se produjeron dos cortes eléctricos a la gran industria” y que en enero de 2025 los operadores de Red Eléctrica “reconocen falta de recursos para controlar tensiones y atribuyen parte del problema a entradas bruscas de generación solar”, junto a otros “incidentes”.
En su opinión, se produjo “una cascada de errores y episodios que nadie quiso ver”, aunque “la verdad llegó enseguida”. Como “prueba irrefutable”, ha señalado lo ocurrido el día posterior al apagón, cuando “con las mismas condiciones meteorológicas, el mix cambió radicalmente”.
Los señalados por el PP
En este contexto, ha señalado directamente a varias figuras políticas y responsables del sistema eléctrico: “Por tanto, yo señalo a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica; a Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, a Sara Aagesen, actual ministra de Transición Ecológica; y, por supuesto, a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, como responsables del gran apagón. Ninguno de ellos debería de seguir en su cargo. Ninguno de ellos ha asumido la menor responsabilidad”.
El líder del PP ha sostenido que “no se puede operar la red eléctrica al servicio de una causa ideológica” y ha recalcado que “las leyes de la física no se determinan en ningún Consejo de Ministros”. Ha insistido en que su partido “no aspira a batir ningún récord, ni queremos ninguna medalla a costa del bienestar y la vida de los ciudadanos”.
Feijóo ha planteado cinco líneas de actuación para evitar un episodio similar: combinar renovables con tecnologías síncronas (hidráulicas, térmicas y nucleares); prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas; despolitizar Red Eléctrica para que esté dirigida por personas con experiencia “demostrable” en energía; someter a REE a mayores obligaciones de transparencia; y establecer mecanismos de protección específicos para consumidores e industria.
