Sigue el pulso entre cúpula de la Fiscalía General del Estado y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. La pareja de Isabel Díaz Ayuso exige la expulsión definitiva de la caerra del exfiscal general, Álvaro García Ortiz, pero los expertos del Ministerio Público defienden el nuevo destino -tras su condena por revelación de secretos- de García Ortiz en el Tribunal Supremo.
La Fiscal Jefa de Inspección, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a todos los miembros de la carrera en el que justifica la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no expulsar a su antecesor de la Carrera, tal como exigen los abogados del novio de Ayuso.
En ese escrito, adelantado por Eldiario.es, la jefa inspectora de la Fiscalía subraya que al no haber sido condenado a penas de prisión, al exfiscal general debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que sólo pierden su condición si hay prisión
El informe de la fiscal inspectora argumenta que esta “sensible diferencia” entre las normas reguladoras de los estatutos de fiscales y de los de los jueces ya fue estudiada por la Inspección Fiscal en 2019, y resolvió que el “rigor” del Estatuto “podía salvarse con una interpretación integradora de su redacción para incorporar la referencia a las penas privativas de libertad”, tal como establece la ley del Poder Judicial.
El escrito concluye que la jurisprudencia constitucional y la doctrina vigente ha establecido también que la Administración no puede imponer un “plus aflictivo”, esto es, un castigo adicional que vaya más allá de la sentencia penal, ya que esto vulneraría derechos constitucionales y la tutela judicial efectiva.
