La investigación sobre el denominado caso hidrocarburos vuelve a situar a Víctor de Aldama en el centro de la escena. La Fiscalía Europea sostiene que el empresario y otros implicados habrían participado en un circuito destinado a desviar y posteriormente blanquear 27,9 millones de euros vinculados al presunto fraude de IVA en el sector de los carburantes, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas por El País y El Plural entre otros medios. Los hechos investigados se remontarían al periodo comprendido entre 2022 y 2024.
Según la información conocida sobre las pesquisas, varias empresas españolas relacionadas con el comercio de combustibles habrían recurrido a sociedades instrumentales radicadas en Portugal para canalizar los pagos. El objetivo, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, habría sido ocultar operaciones sujetas a IVA y conseguir después que parte de las cantidades obtenidas regresaran a manos de los implicados.
La Fiscalía Europea habría identificado hasta cuatro sociedades españolas —Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000— que realizaron movimientos de dinero hacia entidades bancarias portuguesas. Las pesquisas apuntan a que esas transferencias estaban relacionadas con empresas ficticias utilizadas para simular pagos por suministros de combustible. Entre las sociedades portuguesas señaladas aparece Atmosferaudaz, vinculada a Aldama y detectada también en las investigaciones de la Guardia Civil.
El órgano europeo describe el mecanismo como el utilizado por "un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles", que habría recurrido a "empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por combustibles" con el propósito de obtener posteriormente "la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España". Junto a Aldama aparecen en la investigación los nombres de Nuno Miguel Santos, José Manuel Recio y Juan Catalán.
El dinero habría terminado repartido entre distintos países. De los 27,9 millones de euros analizados, alrededor de nueve millones habrían regresado a España, mientras que otros tres millones habrían sido enviados a Reino Unido mediante criptomonedas. Una cantidad similar habría terminado distribuida entre cuentas de Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. En Portugal habrían permanecido otros 13 millones, de los cuales 11,8 millones ya habrían sido incautados por la Fiscalía portuguesa.
La investigación europea se suma a las diligencias que ya desarrolla la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz examina el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Aldama y a su socio Claudio Rivas como presuntos responsables de una "organización criminal" que habría obtenido un "beneficio directo" mediante un supuesto fraude millonario de IVA. Las estimaciones manejadas en la investigación elevan el posible perjuicio fiscal a más de 200 millones de euros.
El nuevo frente abierto por la Fiscalía Europea amplía así el abanico de acusaciones que pesan sobre Aldama, entre ellas las relacionadas con fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. Se trata, en todo caso, de hechos que continúan bajo investigación y que deberán ser acreditados judicialmente.
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