La Fiscalía Provincial de Valladolid ha puesto en conocimiento de los tribunales los mensajes difundidos por Alberto Gonzalo de Juan, conocido en redes como Alberto Pugilato, al considerar que podrían constituir un delito relacionado con el ejercicio de los derechos fundamentales. Entre las personas señaladas en sus publicaciones figuran el humorista Héctor de Miguel, la analista política Sarah Santaolalla y la periodista Elena Reinés, según la información recogida en 'ElPlural'.
El procedimiento parte de una denuncia particular que recopila 47 publicaciones difundidas por Pugilato entre sus perfiles de X y su canal de YouTube. El escrito sostiene que el contenido mantenía una dinámica continuada de señalamiento y llamamientos al acoso, la intimidación y la violencia contra determinadas personas y colectivos por sus ideas políticas.
En un decreto fechado el 31 de julio, la Fiscalía considera que los hechos podrían encajar en el artículo 510.1 a) y b), en sus apartados correspondientes, del Código Penal. La denuncia ha sido trasladada al Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Valladolid, que ya había abierto diligencias previas por otros mensajes atribuidos al mismo individuo.
La nueva actuación judicial se suma a otro procedimiento relacionado con publicaciones en las que Pugilato vinculaba la homosexualidad con la pederastia y los abusos sexuales a menores. El ultra ya cuenta además con una condena del Tribunal Supremo: en 2021 fue sentenciado a un año de prisión por un delito de odio relacionado con las letras de su grupo musical, consideradas expresiones de carácter supremacista contra la población inmigrante.
Los mensajes dirigidos contra Héctor de Miguel
Uno de los episodios recogidos por la Fiscalía afecta a Héctor de Miguel. En enero de 2026, Pugilato publicó un mensaje en el que animaba a acudir al espectáculo Hora Treintaypico, en el que participaban De Miguel y otros humoristas, para "darles un par de aplausos como se merecen".
En otro contenido difundido ese mismo mes presentó al cómico como un "enemigo político" y relacionó sus actuaciones con la tragedia ferroviaria de Adamuz. En ese contexto, afirmó que sería "entendible" que familiares de las víctimas acudieran al espectáculo para "aplaudirle" y llegó a plantear la posibilidad de desplazarse personalmente en coche al lugar de la actuación.
Posteriormente, Pugilato celebró públicamente la retirada temporal de De Miguel y la cancelación de su gira, atribuyéndose parte de la presión que había recibido el humorista. "Qué hago en TVE poniendo a llorar a todos estos jajaja. Apreteu [apretad] que funciona", escribió entonces. En otra publicación insistió: "Maravilloso verles llorar así. Apreteu".
El señalamiento a Sarah Santaolalla
Sarah Santaolalla también aparece entre las personas mencionadas en los contenidos analizados. En uno de sus vídeos, Pugilato utilizó expresiones vejatorias contra la analista y aseguró que, cuando la izquierda dejara el Gobierno, personas como ella "van a tener que esconderse".
El agitador reaccionó además a un reportaje de Mañaneros 360 sobre el acoso que estaban sufriendo distintos rostros públicos vinculados a posiciones progresistas. "Lo hemos conseguido, chavales", afirmó, antes de asegurar que estaba "gozando" con la situación y sostener que "eso es lo que les jode y lo que temen" esas personas.
El caso de Elena Reinés
La periodista Elena Reinés fue igualmente objeto de varios mensajes. El 26 de enero, Pugilato escribió "Apreteu, que funciona" en referencia a un vídeo en el que Reinés explicaba que estaba sufriendo insultos, hostigamiento y amenazas graves, algunas de ellas de muerte, por sus opiniones políticas.
Horas después, la periodista comunicó que se apartaba temporalmente de la actividad pública ante la presión que estaba soportando. Pugilato respondió al anuncio con otro mensaje en el que escribió: "Otra que se va como una rata victimizándose. Apreteu chavales". Posteriormente volvió sobre el asunto en su canal de YouTube y aseguró que la estrategia "funciona, vaya que si funciona".
La Fiscalía considera que el conjunto de estas publicaciones debe ser investigado por su posible relevancia penal. El procedimiento queda ahora en manos de los tribunales, que deberán determinar si los hechos denunciados constituyen finalmente algún delito y las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse.
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