El Gobierno ha cerrado este martes su último Consejo de Ministros antes del verano con los incendios y la lucha contra la corrupción como principales asuntos. La reunión ha declarado 211 zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, ha aprobado una prestación extraordinaria para los trabajadores perjudicados por el fuego y ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Pedro Sánchez ha comparecido después en La Moncloa para hacer balance del curso político, aunque la emergencia provocada por los grandes incendios ha marcado buena parte de su intervención. El presidente ha advertido de que los próximos días serán especialmente difíciles por el aumento de las temperaturas y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá movilizando recursos "todo el tiempo que haga falta, hasta apagar la última llama".
No bajemos la guardia.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 28, 2026
Los próximos días serán especialmente complejos: el aumento de las temperaturas dificultará las labores de extinción y elevará el riesgo de incendios.
El Gobierno de España seguirá movilizando todos los medios necesarios, todo el tiempo que haga falta,… pic.twitter.com/7djP7l5vsW
La declaración aprobada incluye episodios ocurridos desde el 31 de marzo hasta el 27 de julio en catorce comunidades autónomas. La mayoría son incendios forestales, aunque también recoge tormentas, lluvias intensas, accidentes industriales y otras emergencias que han obligado a activar los planes de protección civil. Los fuegos de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón figuran entre los siniestros de mayor gravedad.
Ayudas para 211 emergencias y más protección laboral
La declaración permite empezar a tramitar ayudas por fallecimientos, daños en viviendas y enseres, pérdidas sufridas por establecimientos y gastos asumidos por los ayuntamientos. También abre la puerta a beneficios fiscales, exenciones de cuotas de la Seguridad Social y subvenciones para reparar infraestructuras municipales.
Los ministerios podrán aplicar rebajas o exenciones en el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas, mientras Política Territorial financiará hasta el 50% de algunos proyectos de reconstrucción promovidos por las corporaciones locales. También se contemplan exenciones de tasas para duplicar documentos destruidos o dar de baja vehículos siniestrados.
El Consejo de Ministros ha aprobado además la nueva Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema. Podrán solicitarla quienes tengan que suspender temporalmente su actividad porque no pueden llegar a su domicilio, deben recuperar sus pertenencias, realizar trámites relacionados con la emergencia o atender a familiares afectados. La ayuda equivaldrá al 70% de la base reguladora y podrá cobrarse durante un máximo de cuatro meses.
La prestación será gestionada por el SEPE, no exigirá un periodo mínimo de cotización y tampoco consumirá el derecho acumulado a futuras prestaciones por desempleo. El decreto amplía igualmente los permisos por fallecimiento relacionado con los incendios y permite adaptar o reducir la jornada para atender responsabilidades de cuidado. Estas medidas tendrán efectos desde el pasado 23 de julio.
Sánchez ha reclamado que la respuesta inmediata vaya acompañada de un acuerdo estable para mejorar la prevención y la reconstrucción. España ha superado ya las 170.000 hectáreas quemadas desde comienzos de año y ha registrado más de una decena de víctimas mortales. "El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática", ha advertido el presidente.
El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 28, 2026
Hoy, con más fuerza y argumentos que nunca, reclamo el acuerdo de país que más necesita España. El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es un imperativo. pic.twitter.com/xkwQ42tlTa
Su propuesta pasa por incorporar a comunidades, diputaciones y ayuntamientos a un pacto de Estado. El Ejecutivo también ha aprobado este martes la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, formado por especialistas que elaborarán informes y escenarios para orientar las decisiones públicas. Sánchez ha situado este órgano como una de las primeras piezas de ese acuerdo nacional.
Una agencia independiente contra la corrupción
El segundo gran acuerdo del Consejo ha sido el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que sale ahora hacia el Congreso. La norma forma parte del plan anticorrupción presentado por el Gobierno hace un año y endurece las sanciones aplicables a las empresas por delitos contra la Administración.
Su principal novedad será la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. El organismo reunirá competencias hasta ahora repartidas entre la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el servicio encargado de coordinar la lucha contra el fraude. La agencia asumirá tareas de prevención, supervisión, investigación y protección de quienes denuncien irregularidades.
La ley también elevará los controles sobre la contratación pública y la financiación de los partidos. Las formaciones que reciban más de 50.000 euros de fondos públicos deberán someter sus cuentas a una auditoría externa y se reforzará la trazabilidad de sus gastos. Los pagos iguales o superiores a 1.000 euros tendrán que salir de cuentas bancarias de los propios partidos.
El texto incorpora además auditorías ciudadanas y nuevas obligaciones de transparencia. La persona elegida para dirigir la agencia deberá comparecer ante el Congreso y ser ratificada por una mayoría de tres quintos. "Espero que todos los grupos tengan la altura de miras y la voluntad de diálogo que exige el momento", ha pedido Sánchez.
El Consejo ha dejado otros acuerdos relevantes. El Gobierno autoriza 17.900 millones de euros adicionales para ampliar y modernizar las redes eléctricas hasta 2030, con inversiones destinadas a nuevas viviendas, proyectos industriales, transporte electrificado, ciberseguridad y adaptación frente a fenómenos climáticos extremos. El desembolso total en redes podrá superar los 35.000 millones al terminar la década.
También ha elegido Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, llamada a coordinar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias, y ha agilizado los proyectos renovables vinculados a los territorios afectados por el cierre de centrales. La reunión ha aprobado igualmente un nuevo modelo de financiación estable para las federaciones deportivas.
Sánchez defiende a Begoña Gómez, David Sánchez y Zapatero
Los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente han aparecido durante las preguntas de los periodistas. Sánchez ha defendido a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, y ha denunciado que ambos se encuentran sometidos a una "causa política" impulsada por las acusaciones populares de PP y Vox.
Sobre su esposa, procesada por tráfico de influencias y malversación, el presidente ha recordado que ya tenía una carrera profesional antes de conocerle y que dejó su empresa cuando él llegó a La Moncloa para evitar conflictos de intereses. "No es mi mujer, es Begoña Gómez. Era una profesional antes de que yo la conociera", ha afirmado.
Sánchez ha utilizado un argumento similar para responder por la condena de su hermano a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Ha repasado su formación académica y musical, ha defendido su trayectoria y ha recordado que la sentencia puede ser recurrida. "Tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperamos que otras instancias le den la razón", ha señalado.
El presidente también ha mantenido su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero ante la investigación sobre las joyas encontradas en su despacho y las dudas alrededor del rescate de Plus Ultra. Sánchez ha apelado a la presunción de inocencia del expresidente y ha asegurado que el expediente de la aerolínea "es de una legalidad absolutamente intachable".
Su balance ha quedado marcado por esa doble imagen. Sánchez ha reivindicado la aprobación de 26 normas con rango de ley durante este periodo de sesiones y una economía que vuelve a situar el desempleo por debajo del 10%, mientras la oposición concentra su ofensiva en los procedimientos judiciales abiertos alrededor del PSOE y La Moncloa.
El jefe del Ejecutivo ha descartado otra vez un adelanto electoral inmediato y ha reiterado que pretende presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado después del verano. "Queda un año para culminar esta legislatura, para culminar reformas y seguir avanzando", ha afirmado.
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