Los incendios forestales han llevado este verano las llamas hasta viviendas, vehículos, negocios y explotaciones agrarias de distintos puntos de España. Los grandes fuegos de Madrid, Ávila y Toledo han arrasado ya unas 77.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a más de 90.000 personas, mientras los servicios de emergencia continúan protegiendo los núcleos de población amenazados.
El primer balance realizado en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, contabilizó 43 viviendas destruidas y otras 286 con daños de distinta consideración. A ese escenario se suman las casas y los coches calcinados por el incendio de Los Gallardos, en Almería, y los desalojos de viviendas y urbanizaciones durante el avance del fuego de la Vall d'Uixó, en Castellón.
Cuando las autoridades permiten regresar, comienza otra parte de la emergencia. Los afectados tienen que acreditar qué había dentro de la vivienda, cuánto valía, qué puede recuperarse y qué gastos ha provocado el incendio. La respuesta económica dependerá de la póliza contratada, de los capitales asegurados y de las ayudas que aprueben las diferentes administraciones.
Avise al seguro aunque todavía no pueda entrar
El primer paso consiste en contactar cuanto antes con la aseguradora o con el mediador que tramitó la póliza. El artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro establece un plazo máximo de siete días desde que el afectado conoce el siniestro, aunque el contrato puede conceder un periodo más amplio. La comunicación puede realizarse incluso cuando todavía resulta imposible acceder a la zona.
El aviso inicial debe dejar constancia de la fecha, el lugar y las primeras consecuencias conocidas. La compañía abrirá un expediente y facilitará un número de siniestro que conviene conservar durante toda la tramitación. Si el fuego ha destruido la documentación, la aseguradora suele poder localizar la póliza a través de los datos personales del titular.
La superación de los siete días tampoco elimina automáticamente el derecho a cobrar. La ley permite a la aseguradora reclamar los perjuicios que le haya causado una comunicación tardía, salvo que ya hubiera conocido el siniestro por otra vía. La recomendación práctica sigue siendo dar parte de inmediato y completar después la información que falte.
Nadie debe entrar en una vivienda afectada mientras los bomberos, la Policía, la Guardia Civil o los técnicos municipales mantengan restringido el acceso. Una casa que permanece en pie puede tener daños estructurales, instalaciones eléctricas deterioradas, fugas de gas o materiales todavía calientes. La inspección de los bienes comienza cuando la autoridad confirma que el regreso es seguro.
Una vez dentro, resulta fundamental fotografiar y grabar cada estancia antes de mover nada. Conviene preparar una relación de los objetos destruidos, los que se han podido salvar y una estimación inicial de su valor. La Ley de Contrato de Seguro fija cinco días desde la comunicación del siniestro para enviar por escrito ese inventario a la compañía.
Las facturas son la prueba más clara, aunque también sirven extractos bancarios, garantías, manuales, fotografías familiares, vídeos anteriores, correos de compra o cualquier documento que permita demostrar que los bienes estaban en la vivienda. La propia descripción del contenido recogida en la póliza actúa como una presunción favorable cuando resulta imposible aportar una prueba mejor.
Los enseres dañados deben conservarse hasta la visita del perito siempre que las condiciones sanitarias y de seguridad lo permitan. Cuando sea necesario retirar alimentos, muebles mojados, productos inflamables o elementos peligrosos, hay que fotografiarlos antes, anotar qué se elimina y guardar el justificante de la retirada.
También conviene conservar las facturas del hotel, el alquiler provisional, los desplazamientos, las comidas, la ropa de primera necesidad y las reparaciones urgentes. La compañía decidirá después qué gastos encajan en la póliza, pero sin justificantes será mucho más difícil incorporarlos a la reclamación.
Qué cubre el seguro de hogar
Las pólizas multirriesgo de hogar suelen incluir los daños directos provocados por las llamas y el humo. La indemnización se divide entre el continente y el contenido, dos conceptos que determinan qué paga la aseguradora y hasta dónde alcanza la cobertura.
El continente comprende la estructura de la vivienda y sus elementos fijos, entre ellos paredes, tejado, suelos, ventanas, tuberías, instalación eléctrica o muebles empotrados. El contenido incluye muebles, electrodomésticos, ropa y el resto de bienes personales declarados. Cada apartado tiene su propio capital asegurado y la compañía indemnizará dentro de esos límites.
Muchas pólizas incorporan además la retirada de escombros, la actuación de los servicios de extinción, la reposición de documentos, la limpieza por humo o el alojamiento temporal cuando la vivienda queda inhabitable. Estas garantías deben aparecer en las condiciones particulares del contrato, junto con los días cubiertos y los límites económicos aplicables.
El valor asegurado resulta decisivo. Si una póliza antigua mantiene un capital muy inferior al coste actual de reconstrucción o reposición, la compañía puede aplicar la regla proporcional y reducir la indemnización en la misma medida. Algunos contratos excluyen expresamente esa regla, por lo que será necesario revisar la letra de cada póliza antes de aceptar una valoración.
Las joyas, el dinero en efectivo, las obras de arte, los metales preciosos y otros objetos de especial valor requieren normalmente una declaración específica. La legislación excluye estos bienes con carácter general cuando no existe un pacto expreso. Haber fotografiado un objeto valioso ayuda a demostrar que existía, aunque la cobertura dependerá de que estuviera correctamente incluido.
En un bloque de viviendas pueden intervenir dos seguros diferentes. La póliza de la comunidad atiende los elementos comunes y el seguro particular cubre la vivienda y su contenido dentro de las condiciones contratadas por cada propietario. Ambos siniestros deben comunicarse para que los peritos coordinen la valoración.
Si la casa tiene una hipoteca, el préstamo continúa vigente aunque el inmueble haya quedado destruido. El banco puede tener derechos sobre la indemnización y deberá intervenir cuando el dinero se destine a la reconstrucción. El propietario debe informar tanto a la aseguradora como a la entidad financiera antes de decidir el destino de la cantidad recibida.
La compañía dispone de 40 días desde la recepción del parte para pagar el importe mínimo que pueda deber según los daños ya conocidos. La indemnización definitiva llegará cuando terminen las investigaciones y el peritaje, pero ese primer plazo impide mantener paralizado todo el pago hasta el cierre completo del expediente.
Qué pasa con el coche, el negocio y el campo
El seguro obligatorio a terceros de un vehículo cubre los daños que el conductor provoca a otras personas, pero no la destrucción del propio coche por un incendio forestal. La indemnización exige una póliza a todo riesgo o un seguro a terceros ampliado que incluya expresamente el incendio. La cantidad dependerá del valor contemplado en el contrato y de si el vehículo se declara reparable o siniestro total.
Los comercios, oficinas, talleres y naves industriales pueden reclamar los desperfectos causados por el fuego cuando cuentan con un seguro de empresa que cubra el inmueble, la maquinaria, el mobiliario o las existencias. La paralización de la actividad también puede estar asegurada mediante una garantía de pérdida de beneficios.
Esta última cobertura suele exigir un daño material directo amparado por la póliza. Una orden de evacuación o confinamiento que obliga a cerrar un establecimiento, pero deja intacto el local, solo dará derecho a indemnización si el contrato incluye una garantía específica para esa situación.
En las explotaciones agrícolas y ganaderas, el seguro agrario cubre el riesgo de incendio dentro de la garantía básica de las producciones aseguradas. Agroseguro incluye los daños en cosechas, plantaciones, arbolado, viñedos y cabañas ganaderas cubiertas. El productor debe comunicar el siniestro y esperar a que resulte seguro acceder a la explotación para realizar la peritación.
En una vivienda alquilada, el seguro del propietario suele cubrir el continente y el del inquilino, cuando existe, protege sus muebles y pertenencias. El arrendador también puede haber contratado una garantía por pérdida de rentas. Cada parte debe comunicar sus propios daños y conservar una copia del contrato de alquiler.
La Ley de Arrendamientos Urbanos permite al inquilino suspender el contrato o desistir cuando las obras de conservación ordenadas para reparar la vivienda la hacen inhabitable. Durante la suspensión se detiene el plazo contractual y queda suspendida la obligación de pagar la renta hasta que terminen las obras.
Por qué el Consorcio no paga los daños del incendio
Los incendios forestales quedan fuera del listado de riesgos extraordinarios indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros. Los daños materiales en casas, coches o negocios corresponden a las aseguradoras privadas cuando existe una póliza que cubre el fuego.
El Consorcio interviene en fenómenos como inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tornados o determinados vientos de gran intensidad. En los incendios forestales, su actuación se limita al seguro estatal que protege frente a lesiones o fallecimientos a las personas que colaboran en las tareas de extinción.
La existencia de una investigación sobre el origen del fuego tampoco obliga al perjudicado asegurado a esperar a que aparezca un responsable. La compañía debe tramitar el siniestro conforme a la póliza y después puede reclamar al causante las cantidades que haya pagado. La ley cubre los incendios fortuitos, los provocados por terceros y los derivados de una negligencia, con la excepción del dolo o la culpa grave del propio asegurado.
Quienes carezcan de seguro podrán reclamar directamente contra el responsable cuando sea identificado y se acredite su participación. Si dispone de un seguro de responsabilidad civil, la reclamación puede dirigirse también contra su compañía. La investigación penal, las ayudas públicas y la eventual reclamación civil seguirán entonces caminos distintos.
Las ayudas públicas que pueden solicitarse
El Gobierno ha anunciado que llevará este martes al Consejo de Ministros la declaración de las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, conocida habitualmente como 'zona catastrófica'. El acuerdo deberá concretar los municipios incluidos y las medidas estatales disponibles para viviendas, negocios, explotaciones, trabajadores y administraciones locales.
La declaración abre la puerta a beneficios fiscales, medidas laborales, ayudas extraordinarias y actuaciones para reconstruir infraestructuras. El reconocimiento de la zona tampoco supone una indemnización automática ni garantiza el pago íntegro de todo lo perdido. Cada convocatoria tendrá requisitos, cuantías y plazos propios.
Mientras se aprueban esas medidas, el régimen estatal permanente de ayudas de emergencia contempla hasta 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual. También prevé ayudas para daños estructurales, desperfectos menos graves y la reposición de enseres domésticos de primera necesidad. Su concesión está sometida a límites económicos, requisitos familiares y comprobación de las indemnizaciones recibidas del seguro.
Las solicitudes de este régimen deben presentarse, con carácter general, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la terminación de la emergencia. Si falta un certificado de la aseguradora o algún documento que todavía no puede obtenerse, el afectado debe registrar la solicitud dentro de plazo y acreditar que ya ha pedido esa documentación.
La Comunidad de Madrid ha anunciado alojamiento temporal y ayudas de hasta doce meses de alquiler para quienes hayan perdido su vivienda habitual, además de apoyo para la reconstrucción. Ávila, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana deberán concretar sus propias medidas para las zonas afectadas por los incendios de este verano.
Para acceder a estas convocatorias conviene conservar el certificado de empadronamiento, el título de propiedad o el contrato de alquiler, las comunicaciones de evacuación, los informes municipales, el número de siniestro y las resoluciones de la aseguradora. Las ayudas públicas suelen exigir que el solicitante acredite qué parte del daño ha sido cubierta y cuál continúa pendiente.
Cuando la aseguradora rechace una cobertura o presente una valoración que el afectado considera incorrecta, deberá solicitarse una respuesta motivada por escrito. La reclamación puede dirigirse después al servicio de atención al cliente de la compañía y, agotada esa vía, al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Las administraciones publicarán durante los próximos días los municipios incluidos, los formularios y los plazos de las ayudas extraordinarias. El expediente del seguro, el inventario, las fotografías, las facturas y cada comunicación escrita servirán tanto para el peritaje como para las futuras solicitudes.
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