El Gobierno ha respondido este viernes a la imputación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, con un mensaje de calma, respeto a la Justicia y colaboración con la investigación. La reacción ha llegado acompañada de una réplica política al Partido Popular, que ha tratado de situar el avance del 'caso Leire Díez' a las puertas de La Moncloa mientras la Audiencia Nacional vuelve a poner el foco sobre María Dolores de Cospedal por la operación Kitchen.
El ministro Óscar López ha asegurado que afronta la decisión del juez Santiago Pedraz con "tranquilidad absoluta" y ha defendido que el PSOE "está actuando y actuará" ante cualquier requerimiento judicial. "No hay nada que temer", ha sostenido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública antes de rechazar la comparación que promueve Génova entre la investigación sobre Serrano y el espionaje parapolicial al extesorero popular Luis Bárcenas.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha evitado entrar en el fondo de los indicios recogidos por la Guardia Civil y ha recordado que el procedimiento se encuentra en "una fase muy embrionaria". Saiz ha reiterado la "total" y "máxima colaboración" del Ejecutivo con los tribunales y ha pedido prudencia mientras se practican las diligencias acordadas.
Los dos procedimientos se encuentran en momentos judiciales distintos. Serrano acaba de adquirir la condición de investigado y mantiene íntegra su presunción de inocencia. El juicio de Kitchen, por su parte, se encuentra en la recta final después de años de investigación, aunque las nuevas actuaciones sobre Cospedal podrían desembocar en una causa separada si la Policía encuentra indicios delictivos.
Pedraz autoriza examinar el teléfono de Serrano
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado investigar a Serrano después de que la Fiscalía Anticorrupción respaldara la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El magistrado también ha permitido que los agentes accedan al contenido de su teléfono móvil para reconstruir sus comunicaciones con Leire Díez y con otros implicados en la causa.
La UCO atribuye al antiguo colaborador de Sánchez una "participación preeminente" en las dos líneas que vertebran la investigación. Una afecta a posibles irregularidades en contratos y nombramientos dentro de empresas públicas. La otra examina supuestas maniobras destinadas a obtener información sobre investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Los investigadores ponen el foco en la contratación de Díez en Correos y en el ascenso que recibió dentro de la empresa pública durante la presidencia de Serrano. El informe policial sostiene que esa incorporación pudo responder a una finalidad "estratégica" y recoge un elevado volumen de mensajes entre ambos a través de WhatsApp y Signal.
Una parte central de las pesquisas se sitúa en abril de 2024, después de que Pedro Sánchez publicara la carta en la que anunció que suspendía temporalmente su agenda para reflexionar sobre su continuidad. El 26 de abril, Serrano y Díez participaron en una reunión en Ferraz con el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. El juez considera aquel encuentro un "punto de inflexión" dentro de la actividad investigada.
Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían llevado a la sede socialista varios audios en los que José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez hablaban del negocio de saunas vinculado al suegro del presidente. Días después, Serrano y Díez comenzaron a comunicarse mediante Signal y escribieron que "a este hombre hay que ayudarle", en referencia a Sánchez.
La condición de investigado permite ahora a Serrano comparecer asistido por abogado, acceder a las actuaciones que le afecten y ofrecer su versión sobre los hechos. La decisión judicial todavía no implica una acusación formal ni determina que haya cometido delito alguno.
El PP apunta a Sánchez y el Gobierno responde con Kitchen
El Partido Popular ha aprovechado la imputación para elevar la presión directa sobre el jefe del Ejecutivo. Miguel Tellado ha definido a Serrano como "un pata negra del sanchismo" y "amigo íntimo" del presidente, al que acusa de haber utilizado Correos para "cofinanciar la cloaca" junto a Cerdán.
El secretario general popular ha rematado su mensaje con un ataque directo a Sánchez. "P.S. calienta que sales", ha escrito. La portavoz parlamentaria Ester Muñoz ha afirmado que "el círculo se va estrechando" y ha advertido de que "las salidas se les agotan", antes de asegurar que los socialistas son ahora "más peligrosos que nunca".
Óscar López ha contestado que el PP busca "montar un empate que es absurdo" entre el caso Leire y la operación Kitchen. El ministro ha recordado que esta última investiga el supuesto empleo de policías, fondos reservados y otros recursos públicos para espiar a Bárcenas y recuperar documentación que podía comprometer al Partido Popular por su contabilidad paralela.
El argumento del Gobierno llega el mismo día en que la Audiencia Nacional ha ordenado nuevas diligencias sobre las conversaciones de Cospedal con Villarejo. El PSOE ha aprovechado esa coincidencia para trasladar el foco a Génova y exigir explicaciones a Alberto Núñez Feijóo.
Ferraz sostiene que Kitchen representa "el mayor escándalo de corrupción institucional" de la democracia y acusa al antiguo Gobierno popular de emplear medios del Estado para proteger al partido frente a las consecuencias de Gürtel y la caja B. "La ‘libretita’ conduce a Génova", han afirmado fuentes socialistas.
La Audiencia Nacional vuelve a mirar hacia Cospedal
El juez Antonio Piña ha encargado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que revise el material intervenido a Villarejo y determine si existen posibles "indicios de criminalidad" en sus conversaciones con Cospedal y con Ignacio López del Hierro, marido de la antigua secretaria general del PP en el momento de los hechos.
El análisis comprenderá grabaciones, correos electrónicos y posibles movimientos económicos relacionados con el operativo. La resolución incorpora además varios audios difundidos durante 2025 en los que Cospedal hablaba con el excomisario sobre documentación de Bárcenas y sobre Sergio Ríos, el chófer del extesorero que fue captado como confidente policial y recibió pagos procedentes de fondos reservados.
En una de las conversaciones, la antigua dirigente popular afirmaba que Mariano Rajoy le había trasladado que se había encontrado documentación del extesorero y que le habían "limpiado todo lo que tenía". En otra, Villarejo planteaba la entrada de Ríos en la Policía para evitar que quedaran "flecos" pendientes. El chófer acabó ingresando posteriormente en el cuerpo.
Cospedal estuvo investigada durante una etapa anterior de la causa, aunque el procedimiento contra ella fue archivado y terminó declarando como testigo durante el juicio. La nueva decisión tampoco supone su imputación inmediata. Si el examen policial descubre elementos con relevancia penal, la Audiencia Nacional podría abrir una pieza separada porque la vista principal de Kitchen está prácticamente concluida.
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por su presunta participación en la operación y sostiene que el dispositivo se organizó para sustraer a Bárcenas documentación que pudiera perjudicar al PP. El juicio deberá determinar las responsabilidades de los acusados en el operativo, mientras las nuevas diligencias tratarán de aclarar hasta dónde llegaba el conocimiento de la dirección popular.
El PSOE ha reclamado a Feijóo que deje de "esconderse" y explique la posición de su partido ante los nuevos audios. Génova había marcado distancias durante el juicio y defendido que el PP actual no era el de Kitchen ni el de Gürtel, aunque por ahora no ha ofrecido una respuesta específica a las últimas actuaciones sobre Cospedal.
Mientras tanto... Cristina Narbona declarará el próximo 15 de julio
El 'caso Leire Díez' continuará la próxima semana con la declaración como testigo de Cristina Narbona. La presidenta del PSOE debía comparecer este viernes, pero Pedraz ha aplazado la cita hasta el 15 de julio por el reciente fallecimiento de su madre.
La UCO incorporó al sumario una conversación de abril de 2024 en la que Leire Díez planteaba a Narbona la posibilidad de "reconducir" los ataques contra Sánchez y ofrecer "ayuda cualificada". La presidenta socialista respondió que el asunto ya se había comentado con Santos Cerdán y ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de las actividades que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Pedraz también ha retirado la condición de investigadas a dos trabajadoras administrativas del PSOE al considerar que no existen indicios suficientes de que conocieran la finalidad de las gestiones que realizaron. Ambas comparecerán como testigos el 28 de julio y deberán aportar las comunicaciones mantenidas con Díez, Cerdán, Serrano y la gerente del partido, Ana María Fuentes.
La gerente continúa investigada, aunque el juez ha rechazado por ahora analizar su teléfono. También ha descartado acceder al móvil del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. La próxima ronda de declaraciones comenzará el 15 de julio con Narbona, Diego Villafañe y Beatriz López en la Audiencia Nacional.
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