La abogada de la familia Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, ha situado este jueves al Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy en el origen de la operación Kitchen. En su informe final ante la Audiencia Nacional, la letrada ha defendido que el operativo contra el extesorero del PP se puso en marcha porque la información que conservaba Luis Bárcenas sobre dirigentes populares y sobre la contabilidad del partido “podía hacer caer al Gobierno”.
La acusación particular ha descrito Kitchen como una operación “parapolicial, clandestina e ilícita” dirigida desde la cúpula de Interior y ejecutada por altos mandos policiales. Según su tesis, el objetivo real no era rastrear dinero oculto de Bárcenas en el extranjero, como han sostenido varias defensas, sino acceder a documentos sensibles relacionados con el caso Gürtel y con los papeles de Bárcenas, la pieza sobre la presunta contabilidad opaca del PP.
Giménez-Cassina ha recordado que Bárcenas fue tesorero del Partido Popular, trabajó durante décadas en el partido y conocía información interna de enorme alcance político. “Lo que pudiera saber Luis Bárcenas podía hacer caer al Gobierno”, ha insistido la abogada ante el tribunal.
Una operación contra la familia Bárcenas
La letrada ha puesto el foco en la familia del extesorero como víctima directa del operativo. Ha sostenido que Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo Bárcenas fueron sometidos durante dos años a una vigilancia policial ilícita, con seguimientos, control de movimientos, intromisiones en su intimidad y acceso a documentación privada.
Uno de los puntos centrales de su informe ha sido la captación de Sergio Ríos, entonces chófer de la familia, como confidente policial. Para la acusación, Kitchen utilizó a una persona del entorno de confianza de Bárcenas para traicionar a la familia y obtener información que no estaba bajo control judicial.
Giménez-Cassina también ha citado la entrada en el estudio de restauración de Rosalía Iglesias y el volcado de teléfonos móviles y tabletas de Bárcenas. A su juicio, esas actuaciones se hicieron sin autorización judicial y al margen del procedimiento que ya investigaba Gürtel. “No había una orden judicial de volcado, no hubo una orden de entrada y registro, no hubo una orden para acordar vigilancias”, ha resumido.
La acusación ha rechazado además la explicación de que Kitchen buscara el dinero del extesorero en el extranjero. La abogada ha recordado que en enero de 2013 ya se conocían dos cuentas en Suiza con 48 millones de euros y que la UDEF, bajo supervisión judicial, ya estaba trabajando sobre esa línea. Por eso, ha considerado poco creíble que Interior necesitara activar una operación reservada y paralela para investigar lo que ya estaba en manos del juez.
La presión en Soto del Real y el papel de Interior
La defensa de Bárcenas también ha llevado al juicio las presiones que, según sostiene, sufrió el extesorero durante su estancia en prisión provisional en Soto del Real entre 2013 y 2015. Giménez-Cassina ha presentado ese periodo como parte del mismo clima de presión, con el objetivo de evitar que Bárcenas colaborara con la justicia o entregara documentación comprometedora.
La intervención de la abogada llegó en una sesión en la que la Abogacía del Estado también apuntó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como una figura clave en el operativo. El representante del Estado sostuvo que Kitchen se articuló desde el entorno del Ministerio y que buscaba “torpedear” la investigación de Gürtel.
La Abogacía dio credibilidad a la tesis de que el dispositivo pretendía quitar a Bárcenas “los papeles que comprometían al presidente”, en referencia a Mariano Rajoy. También destacó la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que señaló a Fernández Díaz por haberle pedido información sobre el chófer del extesorero.
El juicio entra así en su tramo final con las acusaciones dibujando un mismo esquema: una operación desde Interior, con uso de fondos reservados, mandos policiales y un confidente del entorno de Bárcenas para acceder a información que podía afectar al PP. Las defensas tendrán ahora que presentar sus informes antes de que el tribunal conceda la última palabra a los acusados y deje la causa vista para sentencia.
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