El Gobierno ha intentado arrancar la semana hablando de gestión, economía y Presupuestos. Moncloa reunió este lunes de forma extraordinaria al Consejo de Ministros para aprobar el nuevo cuadro macroeconómico, el documento que abre formalmente el camino hacia las próximas cuentas públicas. Pero el mismo día en que Pedro Sánchez buscaba mover la agenda hacia el crecimiento, la vivienda, la regularización de migrantes y el escudo social, varios frentes judiciales volvieron a golpear al Ejecutivo y al PSOE.
El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, elevó la previsión de crecimiento de 2026 hasta el 2,6%, cuatro décimas más que en el cálculo anterior. El Gobierno también dibuja una senda por encima del 2% para los próximos ejercicios, con un 2,2% en 2027, un 2,1% en 2028 y un 2% en 2029. Esa hoja de ruta será la base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, aunque el verdadero examen llegará después, en un Congreso donde la mayoría de investidura sigue dependiendo de equilibrios cada vez más frágiles.
El Consejo de Ministros también prorrogó medidas del escudo social vinculadas al plan anticrisis por la guerra de Irán y el impacto energético, con rebajas fiscales sobre carburantes y medidas de alivio para hogares y empresas. La otra pata de la semana será la vivienda. PSOE y Sumar han pactado llevar en julio un nuevo decreto con prórroga extraordinaria de alquileres, regulación de los contratos de temporada y habitaciones, más presión fiscal a los pisos turísticos y bonificaciones a propietarios que bajen precios.
Moncloa busca agenda social antes del parón de agosto
La regularización extraordinaria de migrantes será otro de los escaparates políticos del Gobierno. El plazo termina este martes y las solicitudes ya rondan los 1,2 millones, muy por encima de las previsiones iniciales. Sánchez quiere presentar el proceso como una medida de derechos, empleo y cotizaciones, en pleno choque con el discurso antiinmigración de PP y Vox.
Ese es el carril que Moncloa quiere ocupar esta semana. Presupuestos, vivienda, regularización y escudo social. Una agenda pensada para recuperar iniciativa política tras meses de desgaste por los casos judiciales. El problema para el Ejecutivo es que cada anuncio de gestión llega acompañado de una novedad en los tribunales o en el Senado.
La más delicada llegó desde la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha acordado dirigir el procedimiento contra la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas en el marco del caso Leire Díez. La pieza investiga presuntas maniobras sobre empresas públicas, rescates y contratos vinculados al grupo Hirurok, formado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.
Tubos Reunidos vuelve a señalar a Cerdán
El nombre de Tubos Reunidos aparece como uno de los ejes sensibles de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción sitúa bajo sospecha el rescate de la compañía con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La UCO ha encontrado además en una agenda de Santos Cerdán intervenida en la sede del PSOE anotaciones sobre esa operación, un elemento que para los investigadores refuerza la idea de que el exsecretario de Organización conocía las pretensiones de la empresa vasca.
El golpe político llega en mal momento para Ferraz. Cerdán acaba de publicar ‘La caída’, un libro en el que se presenta como víctima de un juicio político, reivindica su papel en los pactos con PNV, EH Bildu y Junts, y evita entrar en profundidad en los sumarios de Koldo, Ábalos y Leire Díez. Su defensa, además, ha pedido que la investigación del caso Leire vuelva a los juzgados de Plaza de Castilla y salga de la Audiencia Nacional.
La jornada también dejó otra declaración incómoda para el PSOE. Carmen Pano, la empresaria que sostiene haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz, ratificó ante Pedraz que la abogada de Koldo García le ofreció 250.000 euros para cambiar su versión. La letrada niega esos hechos y la declaración de Pano dejó dudas en algunos detalles, pero el caso sigue alimentando la investigación sobre las presuntas maniobras para interferir en causas sensibles para el entorno socialista.
Gertrudis guarda silencio y Marlaska llega al Senado
El Senado también mantuvo abierto el frente Zapatero. Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente, compareció este lunes ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI y se acogió a su derecho a no declarar. Alcázar está investigada en la causa de Plus Ultra, donde el juez José Luis Calama la sitúa como una pieza relevante del entorno operativo de Zapatero. Ante los senadores, se limitó a explicar que su silencio respondía a su situación procesal y a su derecho de defensa.
La presión seguirá este martes con la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en la comisión del Senado sobre el caso Koldo. El PP quiere interrogar al ministro del Interior por los contactos entre Leire Díez y mandos de la Guardia Civil, después de que la directora general, Mercedes González, admitiera reuniones que Interior había negado días antes. Marlaska tendrá que fijar posición sobre uno de los puntos más sensibles del caso: qué sabía su departamento y cómo se gestionaron esos contactos.
A esa agenda se suman otros frentes todavía vivos. El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, quedó visto para sentencia este mes en Badajoz. Begoña Gómez continúa con medidas cautelares impuestas por el polémico juez Juan Carlos Peinado, incluida la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas. El Gobierno intenta pasar página con Presupuestos y agenda social, pero la semana arranca con demasiados nombres propios en juzgados, comisiones y sumarios.
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