El Gobierno volverá a llevar la vivienda al centro de la agenda política en julio. PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo para aprobar un nuevo decreto con medidas sobre alquiler, pisos turísticos y vivienda asequible, en plena presión social por el precio de la vivienda, que ya figura entre las grandes preocupaciones de los españoles.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un paquete “amplio” de vivienda. El texto todavía está en negociación, pero Moncloa ya ha avanzado varias claves. La principal es la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la medida que el Congreso tumbó en abril con los votos de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV.
El nuevo decreto también incluirá la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, uno de los grandes agujeros que dejó la Ley de Vivienda. En los últimos años, muchos propietarios han movido pisos del alquiler habitual a fórmulas temporales, habitaciones, ‘coliving’ o ‘flex living’ para esquivar límites de precios, prórrogas y obligaciones pensadas para la vivienda permanente. El Gobierno quiere cerrar esa vía con una regulación más estricta y con la obligación de que los contratos se formalicen por escrito.
Otra de las medidas con más impacto será la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. Actualmente tributan al 10%. El Ejecutivo busca encarecer este uso y empujar parte de ese parque hacia el alquiler residencial, sobre todo en grandes ciudades y zonas tensionadas donde la vivienda turística ha reducido la oferta disponible para vivir todo el año.
El paquete se completará con bonificaciones en el IRPF para propietarios que bajen el precio del alquiler y medidas de agilización administrativa para movilizar vivienda asequible. La idea del Gobierno es presentar un texto más amplio que el decreto que cayó en primavera, para intentar sumar apoyos parlamentarios y evitar otra derrota en el Congreso.
Sumar celebra el acuerdo y Junts vuelve a ser clave
Sumar ha salido a reivindicar el pacto como una victoria propia. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo en redes sociales con un mensaje directo: “Lo hemos conseguido. En julio presentaremos un nuevo Real Decreto de prórroga de alquileres con más medidas: impuestos a los pisos turísticos, regulación del alquiler de temporada y habitaciones y obligatoriedad de contratos por escrito. La vivienda es un derecho y vamos a garantizarlo”.
Lo hemos conseguido. En julio presentaremos un nuevo Real Decreto de prórroga de alquileres con más medidas: impuestos a los pisos turísticos, regulación del alquiler de temporada y habitaciones y obligatoriedad de contratos por escritos. La vivienda es un derecho y vamos a garantizarlo.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2026-06-29T11:30:23.469Z
El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, también ha defendido que el espacio cumple con lo que prometió tras el fracaso de abril. “Volveríamos a llevar la prórroga”, ha señalado, antes de admitir que habrá que negociar con los grupos. El foco está puesto en Junts, que tumbó el anterior decreto pero dejó abierta la puerta a revisar su posición si se incluían ajustes fiscales.
La formación de Miriam Nogueras ha pedido medidas en materia de fiscalidad, entre ellas deducciones vinculadas al alquiler o la vivienda habitual. Desde Sumar aseguran que hay margen para hablar, mientras el PSOE intenta evitar que el decreto nazca condenado antes de llegar al Congreso.
El Sindicato de Inquilinas ha recibido el anuncio con cautela. Su portavoz, Carme Arcarazo, ha avisado de que todavía no hay texto y ha recordado que en esta legislatura “se han anunciado muchas cosas, pero han pasado muy pocas”. La organización exige que las medidas lleguen sin agujeros y reclama también recuperar la moratoria antidesahucios y reforzar la protección de los hogares vulnerables.
La vivienda se ha convertido en una de las grandes grietas de la legislatura. El Gobierno necesita dar una respuesta visible antes del parón de agosto, Sumar necesita marcar perfil social y los socios parlamentarios tienen en sus manos que el decreto salga adelante o vuelva a quedar en papel mojado.
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