El Gobierno ha confirmado que aplicará los convenios migratorios vigentes con Marruecos para proceder a la devolución de los migrantes que han llegado de forma irregular a Ceuta durante la actual crisis. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que el Ejecutivo actuará "cumpliendo la legalidad" y respetando los acuerdos suscritos entre ambos países.
Durante su intervención, Torres subrayó que España "aplicará los convenios que tiene con Marruecos" y recalcó que todas las actuaciones se desarrollarán "con el máximo respeto a los derechos humanos". Asimismo, explicó que la respuesta será diferente en función de si se trata de personas adultas o menores de edad, recordando que estos últimos cuentan con una protección específica recogida en la legislación nacional e internacional.
El ministro defendió además que el Ejecutivo está respondiendo a la situación "con responsabilidad" y coordinando la actuación de las distintas administraciones para hacer frente a una crisis migratoria sin precedentes en la ciudad autónoma. Torres ha explicado que España pondrá en marcha los mecanismos previstos en los acuerdos bilaterales firmados con Marruecos para gestionar los retornos, aunque ha insistido en que todas las actuaciones se llevarán a cabo respetando los derechos humanos y ofreciendo una respuesta humanitaria a quienes han llegado a territorio español.
El anuncio coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ceuta, donde se ha desplazado junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir de cerca la evolución de la crisis, coordinar la respuesta institucional y reunirse con las autoridades locales y los responsables de los dispositivos desplegados en la ciudad autónoma.
La decisión llega en un contexto de máxima presión migratoria y de creciente tensión diplomática. En las últimas horas, varios países europeos han reaccionado a la situación, mientras España y Marruecos mantienen contactos para facilitar el retorno de los migrantes y contener nuevos intentos de entrada irregular. El Gobierno defiende que la aplicación de los convenios bilaterales constituye la vía prevista para gestionar la crisis dentro del marco legal vigente.
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