El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Estatuto del becario para regular los derechos de los jóvenes que se encuentran en situación de prácticas no laborales. Asimismo, el texto incluye las obligaciones que deben cumplir las empresas, administraciones y entidades públicas y privadas vinculadas a la Formación Profesional, la universidad, las enseñanzas artísticas y deportivas y la formación para el empleo.
El anteproyecto -que tiene el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO- se ha aceptado en su segunda vuelta y regula la actividad formativa de quienes realizan prácticas sin contrato laboral y contempla la compensación de gastos para los estudiantes, así como el derecho a vacaciones. Además, establece sanciones para las empresas que no cumplan con lo dispuesto.
Entre las medidas se encuentra la limitación de las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas por estudiante, lo que supone aproximadamente la mitad del tiempo que se permitía hasta ahora. De la misma forma, establece que el número total de personas en prácticas no laborales no podrá superar en torno al 20% de la plantilla del centro de trabajo.
La norma fija también un régimen de sanciones para las empresas que incumplan lo dispuesto, con multas por infracciones graves y muy graves que pueden alcanzar hasta unos 225.000 euros. Además, mantiene que las personas en prácticas formativas ya cotizan a la Seguridad Social desde la reforma anterior, y centra la nueva regulación en la ampliación de derechos y en delimitar de forma clara cuándo se trata de una práctica formativa y cuándo de una relación laboral.
Bajo este contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha aclarado: "Estamos haciendo la reforma laboral para la gente joven en España". Y ha matizado: “Hoy hacemos una norma que es muy controvertida porque lucha contra la precariedad y hay muchos fuelles que resisten. A partir de ahora, las prácticas no laborales en las empresas tienen que constar por escrito cuál es la formación que la persona tiene que recibir y además contar con una doble tutorización: en la empresa y el centro formativo”.
"Aquel que sustituya un puesto de trabajo será configurado en un contrato indefinido. El Gobierno cumple con lo que los tribunales están diciendo", ha continuado Díaz.
"No puede haber ningún lucro mercantil respecto de las prácticas en las empresas", ha señalado la vicepresidenta. "Otorgamos un nuevo elenco de derechos y de deberes. La inspección de trabajo eleva las cuantías y las sanciones podrán superar los 150.000 euros. Vamos a incentivar a las empresas para que contraten a esas personas", ha culminado la intervención de la ministra.
