El Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la “inactividad” de la Administración General del Estado en la tramitación de los expedientes administrativos de los migrantes adultos que llegaron a la ciudad durante la entrada irregular masiva de los pasados 30 y 31 de julio, y que todavía permanecen en ella.
El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha anunciado la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a este paso después de que el Gobierno no respondiera al requerimiento previo presentado por la Ciudad el pasado 18 de septiembre.
El requerimiento previo y la falta de respuesta
El Gobierno ceutí acordó formular ese requerimiento el 16 de septiembre para instar a la Administración General del Estado a dictar y notificar, en el plazo de un mes, una resolución expresa en los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de estas personas.
Una vez transcurrido ese plazo sin recibir contestación, el Ejecutivo local ha optado por acudir a la vía judicial para denunciar la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para resolver los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos.
Una situación migratoria que se ha cronificado
Alejandro Ramírez ha señalado que la situación migratoria de Ceuta se ha cronificado y que la ciudad continúa lejos de recuperar la normalidad, cuando están a punto de cumplirse tres meses desde la entrada masiva.
Según ha trasladado el Gobierno local, ninguna de las personas que accedieron a Ceuta durante aquellas dos jornadas ha sido devuelta a Marruecos mediante un procedimiento de expulsión o devolución. Los retornos que se han producido, ha precisado, han sido voluntarios o consecuencia de la comisión de algún delito.
El recurso se dirige, en consecuencia, contra la inactividad de la Administración General del Estado en la tramitación de los procedimientos que afectan a los inmigrantes mayores de edad que continúan en la ciudad, tanto en materia de expulsión o devolución como de protección internacional.
