El Gobierno de Pedro Sánchez va a aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, una medida nueva que se va a incluir en la Ley de protección a los menores frente a la Violencia (LOVIPI). La iniciativa trata de que sea obligatorio escuchar a los menores de edad–antes se establecía un límite de edad de 12 años– en los procesos judiciales que les afecten, es decir, que el menor exprese si quiere vivir con los progenitores en casos de custodias.
De la misma forma, con el fin de preservar el interés superior del niño, se incluirá la orden de alejamiento si este denomina a alguno de sus padres como presunto agresor.
Por otro lado, para asegurar las garantías de la norma, se prohíbe el Síndrome de Alienación Parental (SAP), es decir, cuando un menor acaba “poniéndose en contra” de un padre o madre por la influencia del otro, en lugar de por experiencias propias suficientes para justificar ese rechazo. Por ello, podrá ser impugnada cualquier resolución que implique una manipulación.
Así, la ley establece que, si un menor manifiesta rechazo hacia alguno de sus padres, las autoridades deberán analizar los motivos y garantizar su protección. Asimismo, no se podrá fijar un régimen de custodia compartida cuando haya señales de que esta medida podría perjudicar su bienestar físico, psicológico o emocional.
Además, se contempla que será suficiente la autorización de uno de los progenitores para que un menor víctima de violencia reciba apoyo psicológico, social o legal, evitando así que el agresor pueda impedir el acceso a la asistencia que necesita.
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