El PSOE ha centrado sus esfuerzos en contener el impacto político del ‘caso Ábalos’ tras la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo el pasado lunes 4 de mayo. En el Gobierno se considera clave que su intervención no haya desencadenado nuevas revelaciones de mayor alcance.
En La Moncloa y en Ferraz se seguía con atención una comparecencia que generaba inquietud interna por el volumen de información que el exministro maneja tras años en el núcleo de poder junto a Pedro Sánchez.
Tras su declaración, el mensaje oficial del PSOE se ha alineado en torno a una idea: no existe una trama de corrupción estructural. “Es un caso grave, pero acotado”, sostienen fuentes socialistas, que buscan evitar que el episodio se proyecte sobre el conjunto del Ejecutivo.
Pese a este intento de contención, el desgaste político ya se deja notar. Las encuestas internas reflejan un impacto negativo en la marca del PSOE, en un contexto marcado además por citas electorales autonómicas y un horizonte cercano de elecciones generales el próximo año.
El protagonismo del proceso judicial en el Tribunal Supremo ha desplazado el foco político durante semanas. Sin capacidad de liderar el debate público, el PSOE ha optado por trasladar también la batalla al terreno judicial.
En este marco, los socialistas han impulsado acciones contra el empresario Víctor de Aldama por sus declaraciones, mientras el ministro Félix Bolaños prepara una demanda por vulneración del derecho al honor. Una estrategia con la que el Gobierno busca limitar daños en un momento especialmente sensible.
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