El Gobierno ha situado este miércoles al Partido Popular ante una pregunta que marcará el futuro de los menores migrantes llegados a Ceuta. ¿Qué propone hacer con aquellos niños que no puedan regresar con sus familias a Marruecos? El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sostiene que la respuesta pasa por trasladarlos a la Península y aliviar un sistema de acogida desbordado.
"Si un número alto no puede ser reagrupado, ¿cuál es la solución? ¿Que se queden en Ceuta?", ha preguntado Torres después de presidir una nueva reunión del Comité de Situación en la ciudad autónoma. El ministro ha reclamado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que respalde públicamente la reubicación de esos menores en otras comunidades.
El Ejecutivo diferencia entre las competencias de las dos administraciones. Ceuta mantiene la tutela y la obligación de atender a los niños, mientras el Estado se ocupa de los procedimientos de extranjería, las solicitudes de protección internacional y las gestiones con Marruecos para una posible reagrupación familiar. Cada expediente debe estudiarse de forma individual y contar con asistencia jurídica.
La presión asistencial sigue siendo enorme. La Ciudad Autónoma tiene bajo su protección a 2.140 menores ya identificados, mientras Torres calcula que todavía permanecen entre 700 y 1.000 en las calles pendientes de filiación. El dispositivo estatal acoge, además, a 4.160 adultos en sus instalaciones.
Dos vías para sacarlos de Ceuta
El Ministerio de Juventud e Infancia ha recordado que existen dos fórmulas inmediatas para comenzar los traslados sin esperar a que concluyan todos los expedientes. La primera permitiría llevar a la Península a 500 niñas consideradas especialmente vulnerables. Ceuta conservaría la tutela y entidades especializadas asumirían su guarda y atención cotidiana.
Esta opción lleva más de un mes sobre la mesa y tampoco exige el consentimiento de las comunidades receptoras. La Ciudad Autónoma debe formalizar los convenios con las organizaciones encargadas de la acogida. El departamento dirigido por Sira Rego asegura que las plazas están disponibles y que la tramitación de cada menor puede continuar desde cualquier lugar de España.
La segunda alternativa son los acuerdos bilaterales entre Ceuta y otras comunidades autónomas. Navarra es la única que ha cerrado hasta ahora un convenio de acogida, una respuesta que el Ministerio considera insuficiente ante la magnitud de la emergencia.
Ambas fórmulas se suman al mecanismo obligatorio introducido mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuyos plazos son más largos. Juventud e Infancia acusa a las administraciones responsables de falta de voluntad política y recuerda que el PP votó contra el reparto obligatorio pese a que Vivas había reclamado durante años mayor solidaridad territorial.
Torres ha reprochado directamente a Alberto Núñez Feijóo que diera "la espalda" a Ceuta con aquel voto. También ha emplazado al PP ceutí a aclarar si mantiene su defensa del reparto o asume la posición de las comunidades populares que se resisten a recibir menores, algunas de ellas condicionadas por sus acuerdos con la ultraderecha Vox.
Ceuta asegura haber cumplido
El Gobierno de Vivas admite que la tutela le corresponde, aunque considera que su capacidad ordinaria resulta insuficiente para asumir una llegada de estas dimensiones. Su portavoz, Alejandro Ramírez, ha asegurado que Ceuta ya ha completado el trámite necesario para trasladar a las 500 niñas y ha rechazado que la administración local esté bloqueando sus salidas.
La discrepancia estaba centrada en la designación de un representante legal para acompañar a las menores durante el procedimiento. El Estado ha aportado dos millones de euros para financiar esa asistencia jurídica y Ceuta ha formalizado esta semana la colaboración con el Colegio de Abogados. "En el momento en que se dijo que la Ciudad debía designar a un representante, se hizo", ha defendido Ramírez.
El Ejecutivo ceutí sostiene que todos los menores identificados están siendo derivados a los recursos habilitados de urgencia en Piniers y el Tarajal. También recuerda que su capacidad de contingencia estaba fijada en apenas 29 plazas antes de la crisis. El Gobierno central replica que esa saturación refuerza precisamente la necesidad de activar cuanto antes los traslados ofrecidos.
Los primeros expedientes comenzaron a tramitarse el lunes mediante entrevistas presenciales y con la asistencia de los representantes legales. El Comité de Situación analizará el miércoles 23 de septiembre los primeros casos avanzados para determinar qué menores pueden reunirse con sus familias en Marruecos y cuáles deberán continuar dentro del sistema español de protección.
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