El Gobierno ha elevado este martes a 1.527 el número de menores migrantes que ya han sido identificados en Ceuta tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio. La filiación se está realizando a través de la Delegación del Gobierno y de las comisarías de la Policía Nacional mientras continúa la atención de los niños y adolescentes acogidos en la ciudad.
La cifra ha aumentado en más de un centenar respecto a los alrededor de 1.400 menores registrados el lunes y puede seguir variando a medida que avancen las comprobaciones. La inscripción permite recoger la identidad, la edad, la nacionalidad, los datos familiares y el lugar de acogida de cada menor, además de incorporarlo al registro coordinado por la Fiscalía General del Estado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado desde Almería que la "prioridad absoluta" del Ejecutivo consiste en reunirlos con sus familias en Marruecos. Según ha explicado, ambos gobiernos mantienen conversaciones a distintos niveles y comparten la necesidad de encontrar una solución para "todos y cada uno de los menores".
Bolaños también ha destacado la cooperación con el Gobierno de Ceuta, responsable de su protección inmediata. El Ejecutivo central se ha comprometido a apoyar a la ciudad para que los menores reciban una acogida "respetuosa con los derechos humanos", con atención a sus necesidades básicas y bajo el principio del interés superior de la infancia.
Una reunificación caso por caso
La voluntad política expresada por España y Marruecos deberá trasladarse ahora a expedientes individuales. La identificación de un menor constituye el primer paso del procedimiento y por sí sola no permite acordar su regreso. La Delegación del Gobierno tiene que comprobar su situación familiar, recabar información de las autoridades marroquíes y escuchar al propio niño o adolescente cuando tenga madurez suficiente.
El procedimiento también incluye la participación de la Fiscalía, de los servicios de protección que ejercen la guarda y, cuando corresponda, de un defensor judicial. La decisión final puede ser la reunificación con su familia, la permanencia en España o la puesta a disposición de los servicios de protección de Marruecos, siempre que existan garantías suficientes.
El precedente más cercano obliga a respetar cuidadosamente esos trámites. El Tribunal Supremo confirmó que la devolución a Marruecos de 55 menores realizada desde Ceuta en agosto de 2021 fue ilegal porque las autoridades omitieron los procedimientos individuales previstos en la Ley de Extranjería. Los menores fueron enviados en grupos sin audiencia previa, expediente administrativo ni intervención efectiva del Ministerio Fiscal.
El Gobierno sostiene ahora que la coordinación con Rabat se apoyará en la identificación de las familias y en el estudio de cada situación. También se contempla que algunos menores puedan reunirse con parientes que residan legalmente en otros lugares de España o de la Unión Europea cuando esa opción resulte más adecuada para su protección.
Acogida y reparto mientras se estudian los retornos
La reunificación familiar tendrá que convivir durante las próximas semanas con la atención inmediata y el posible traslado de menores a otras comunidades. Ceuta mantiene sus recursos de acogida bajo una fuerte presión y el Ejecutivo prepara 25 millones de euros adicionales para reforzar la asistencia en la ciudad autónoma.
Bolaños ha defendido una respuesta basada en la "humanidad" frente al lenguaje empleado por la ultraderecha Vox durante la crisis. El ministro ha calificado de "absolutamente inaceptables" las declaraciones sobre "cazar" migrantes y ha acusado al partido de Santiago Abascal de extender un discurso violento contra personas especialmente vulnerables.
Las comunidades autónomas y el Gobierno celebrarán este jueves una reunión técnica para abordar la atención y la reubicación de los menores que permanezcan en Ceuta. Los gobiernos del PP han anunciado su asistencia y aseguran que cumplirán la legislación vigente, mientras los departamentos autonómicos controlados por Vox mantienen su rechazo a participar.
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