La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia se reúne este jueves como paso previo a la Conferencia Sectorial prevista para finales de agosto, en la que se abordará el reparto entre las comunidades autónomas de los 1.342 menores extranjeros no acompañados que permanecen actualmente en Ceuta. A la cita estaban convocados los vicepresidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León que tienen competencias en materia de inmigración: Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán. Sin embargo, los tres dirigentes han comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que no asistirán a la reunión y han formalizado así su rechazo a la acogida de estos menores en sus respectivas comunidades.
En las cartas remitidas, los representantes de Vox consideran que la convocatoria es "extemporánea" porque, a su juicio, antes de abordar el reparto territorial deben finalizarse los "expedientes individualizados" correspondientes a cada menor. "Esta comunidad autónoma no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta", manifiestan mientras exigen que se acredite "la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme".
Además, defienden que dichos procedimientos deberían terminar con el "retorno a Marruecos" de los menores. En esta misma línea, los vicepresidentes anuncian también que recurrirán ante los tribunales cualquier expediente que no termine con el "retorno" del menor al país vecino.
La xenofobia de Vox ante la crisis migratoria
La ultraderecha Vox reitera una vez más su negativa al reparto de los menoresdespués de varias semanas de declaraciones de dirigentes de la formación. Desde el inicio de la crisis de Ceuta, el partido ha endurecido su discurso y ha cuestionado la obligación legal de las comunidades autónomas de participar en el sistema de reparto.
Uno de los mensajes más polémicos fue pronunciado por el secretario general de Vox, José María Figaredo, quien llegó a defender que había que "cazarlos uno por uno para devolverlos a Marruecos". Posteriormente insistió: "Hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam". Estas declaraciones fueron denunciadas por Compromís por un presunto delito de odio. La formación sostuvo que la conducta del diputado ultra es "reiterada, consciente y deliberada, manteniendo el término empleado incluso tras requerimientos de matización" y señaló que "el uso reiterado del término cazar implica una deshumanización explícita del colectivo migrante", reforzada por "expresiones como 'pam, pam, pam', que evocan el uso de violencia letal".
Las críticas de Vox también se han dirigido contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por reclamar la colaboración de las comunidades autónomas para atender a los menores que permanecen en la ciudad. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, calificó su posición de "lloriqueo permanente" y llegó a reclamar su dimisión. En una intervención en 'Radio Libertad', Fúster cuestionó que Vivas haya denunciado que tiene "muchos menores" en Ceuta y que "necesito que las comunidades los acojan". El dirigente de Vox defendió igualmente que los menores que llegan desde Marruecos sean devueltos "con su familia a su país", argumentando que de ese modo se preservaría "algo tan importante como es su identidad, su cultura, su religión y su lengua".
El líder de Vox, Santiago Abascal, también se pronunció sobre la crisis a través de la red social X. En uno de sus mensajes escribió: "Ni un euro de los españoles para MENAs, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos. Para NADA que no sea el bienestar de los españoles".
¿Qué establece la ley?
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería obliga a todas las comunidades autónomas a participar en la acogida y reubicación de menores extranjeros no acompañados cuando el Gobierno activa una situación de contingencia migratoria. El objetivo es evitar el colapso de los sistemas de protección de territorios especialmente afectados por la presión migratoria, como Ceuta o Canarias.
La norma establece un mecanismo de reparto obligatorio, fija plazos para efectuar los traslados, atribuye al Estado la coordinación del proceso y prevé la financiación necesaria para garantizar la atención de los menores. De este modo, la participación de las comunidades autónomas no depende de una decisión política discrecional, sino que constituye una obligación legal destinada a garantizar el interés superior del menor y una distribución solidaria y equilibrada de la acogida en todo el territorio nacional.
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