Con las Cortes Generales disueltas por las elecciones del próximo 29 de noviembre, el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas sociales que deberá superar un trámite parlamentario excepcional. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto-ley con mejoras en distintas prestaciones de la Seguridad Social, desde las pensiones de viudedad hasta las ayudas destinadas a familias con menores gravemente enfermos.
La disolución del Congreso impide que la norma siga el procedimiento habitual de convalidación en el pleno de la Cámara. Por ello, será la Diputación Permanente del Congreso la encargada de pronunciarse sobre el decreto en un plazo máximo de 30 días desde su publicación.
El texto, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también contempla cambios en las bajas médicas de mujeres con enfermedades relacionadas con la menopausia, refuerza la protección económica de las víctimas de violencia de género y amplía determinadas prestaciones destinadas a menores en situaciones de vulnerabilidad.
Cambios en las pensiones de viudedad de las parejas de hecho
Una de las principales novedades afecta a las parejas de hecho con hijos en común. El Ejecutivo pretende facilitar el acceso a la pensión de viudedad al establecer que la existencia de descendencia compartida sea suficiente para acreditar la relación a efectos de esta prestación.
La modificación busca reducir las dificultades que pueden encontrarse algunas personas para demostrar que mantenían una unión estable con su pareja fallecida.
Además, el decreto abrirá un plazo de 12 meses para revisar solicitudes de pensión de viudedad que fueron rechazadas en el caso de parejas de hecho. De esta manera, quienes recibieron una resolución desfavorable podrán solicitar una nueva valoración de su situación conforme a las condiciones que establezca la norma.
Más cobertura para las bajas relacionadas con la menopausia y la violencia de género
El paquete también introduce mejoras en la incapacidad temporal de las mujeres que padecen patologías asociadas a la menopausia. La intención es ampliar la protección económica durante los periodos en los que estas enfermedades les impidan desarrollar su actividad laboral.
En cuanto a las víctimas de violencia de género, el decreto contempla una prestación equivalente al 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja, porcentaje que aumentará al 75% a partir de ese momento.
La empresa asumirá el salario correspondiente al primer día, mientras que la Seguridad Social se hará cargo de la prestación desde el día siguiente.
Nuevas facilidades para las familias con hijos gravemente enfermos
Otra de las modificaciones está dirigida a los progenitores que necesitan reducir su actividad laboral para atender a hijos con cáncer u otras enfermedades graves.
La prestación se adaptará para permitir que ambos progenitores puedan beneficiarse de ella de manera alternativa o simultánea, una posibilidad que pretende facilitar el reparto de los cuidados dentro de las familias.
También se ampliará la cobertura en determinados supuestos de especial vulnerabilidad. Cuando la persona afectada tenga reconocida una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada, la ayuda podrá mantenerse incluso después de cumplir los 26 años.
Las pensiones por terrorismo y las ayudas a huérfanos también aumentarán
El decreto incluye una revisión de las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas. Según las medidas previstas, ninguna de estas prestaciones podrá quedar por debajo del equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales.
La cuantía de referencia recogida en la propuesta es de 2.442 euros mensuales, lo que supondría un incremento del 36% respecto al mínimo anterior.
La protección de los huérfanos por violencia de género también se verá reforzada. En las prestaciones contributivas se establecerá un mínimo equivalente al doble del salario mínimo, mientras que las ayudas no contributivas podrán alcanzar igualmente esa cantidad.
Por último, el Gobierno plantea ampliar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a menores cuando uno de sus progenitores incumple sus obligaciones económicas.
La cuantía máxima de los anticipos pasará de 100 a 300 euros por beneficiario, lo que supone triplicar el importe actual. También se extenderá el tiempo durante el que podrá recibirse esta ayuda.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca reforzar la cobertura de varios colectivos que afrontan situaciones de especial dificultad económica o familiar. Sin embargo, aunque el decreto entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, su continuidad dependerá de la convalidación de la Diputación Permanente, que deberá pronunciarse en el plazo legal establecido.
