El Gobierno ha dado el primer paso para llevar ante el Tribunal Constitucional una de las principales banderas de la ultraderecha Vox, convertida en ley en la Comunitat Valenciana con el apoyo del Partido Popular. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente un recurso contra 20 preceptos de la ley de acompañamiento a los presupuestos valencianos de 2026.
Entre ellos figura la llamada "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda, una fórmula impulsada por la ultraderecha que vincula la asignación de recursos públicos al arraigo y que, según el Ejecutivo, vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución. El Gobierno considera que puede perjudicar tanto a personas extranjeras como a españoles por los requisitos de vinculación fijados por la Generalitat.
La norma fue aprobada por Les Corts Valencianes con los votos del PP y Vox. El Gobierno autonómico de Juanfran Pérez Llorca aceptó incorporar esa exigencia de la ultraderecha en el acuerdo presupuestario, pese a las advertencias de la oposición. La Comunitat se convirtió así en el primer territorio en introducir por ley la "prioridad nacional" que defiende el partido de Santiago Abascal.
El PP abrió la puerta a la "prioridad nacional" de Vox en la vivienda
La ley valenciana relaciona la "prioridad nacional" con un arraigo "real, duradero y verificable". En materia de vivienda, incorpora requisitos de empadronamiento para inscribirse como demandante de una vivienda protegida.
En concreto, fija un mínimo de cinco años para el alquiler y diez para la compra, de forma continuada o interrumpida, con la referencia que recoge la norma al empadronamiento en municipios de la Comunitat Valenciana y de España. Esos requisitos afectan a la nueva inscripción en el registro necesario para optar a una vivienda del parque público de la Generalitat.
La medida levanta nuevas barreras para personas que viven y trabajan en la Comunitat, pero llevan menos tiempo empadronadas. El Ejecutivo sostiene que esos criterios pueden chocar con el artículo 14 de la Constitución, que recoge la igualdad ante la ley, y con el mandato de promover una igualdad real y efectiva.
La Comisión Europea ya había advertido de que las disposiciones de este tipo pueden resultar indirectamente discriminatorias para ciudadanos de otros países de la Unión Europea o de terceros Estados si no están justificadas y son proporcionadas. Pérez Llorca defendió entonces su pacto con Vox y aseguró que no se arrepentía de haberlo firmado.
La ley también pone en riesgo los derechos de menores migrantes y personas LGTBI
El recurso abarca otros cambios introducidos por PP y la ultraderecha Vox. Uno afecta a los menores migrantes tutelados por la Generalitat. La norma sitúa entre las prioridades de su plan de protección la reagrupación familiar en el lugar de origen, siempre que sea posible. El Ejecutivo considera que esa previsión invade competencias estatales en materia de extranjería y afecta a las garantías previstas para las decisiones sobre su permanencia o retorno.
También cuestiona las modificaciones relativas a la igualdad de las personas LGTBI en la educación. Según el Gobierno, la ley rebaja la obligación de promover la igualdad y la no discriminación en los centros educativos al convertirla en una posibilidad.
Otro de los puntos se refiere a la protección de la vida de "los no nacidos". El Ejecutivo advierte de que la redacción aprobada por Les Corts puede abrir la puerta a restricciones u obstáculos al ejercicio del derecho al aborto, además de invadir competencias estatales sobre el régimen jurídico de la personalidad.
La impugnación incluye asimismo disposiciones que obligan a mantener el rostro sustancialmente descubierto en espacios como el transporte público, centros sanitarios, instalaciones educativas y espectáculos. El Gobierno aprecia un posible efecto discriminatorio y una invasión de competencias estatales. Será el Tribunal Constitucional quien deba pronunciarse sobre los preceptos una vez se presente el recurso.
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