El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha sido recibido por el independentismo como un espaldarazo a la norma impulsada por el Gobierno. La Gran Sala de Luxemburgo ha concluido este jueves que la ley es compatible con el Derecho de la Unión, al entender que no vulnera los principios de igualdad, no afecta a los intereses financieros europeos ni entra en conflicto con la normativa comunitaria en materia de terrorismo. Además, ha considerado legítimo el objetivo de contribuir a la normalización política y social en Cataluña, al tiempo que ha rechazado las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.
Tras conocerse la resolución, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el fallo despeja cualquier duda sobre el encaje jurídico de la norma. El dirigente socialista ha afirmado que "ya no hay duda" de que la ley de amnistía es constitucional y plenamente compatible con el derecho europeo.
Díaz y Puente reivindican la apuesta política del Ejecutivo
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha interpretado la sentencia como un respaldo a la estrategia seguida por el Ejecutivo para abordar el conflicto catalán. La líder de Sumar ha defendido que la ley es "perfectamente legal" y ha sostenido que la apuesta del Gobierno por resolver los problemas mediante "diálogo y acuerdo" es también "perfectamente legítima".
A través de sus redes sociales, Díaz ha contrapuesto además la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo con quienes han cuestionado la norma. "Hay una mayoría plurinacional que avanza y una minoría de bloqueo sin proyecto de país", afirmó.
En la misma línea, fuentes de Sumar han señalado que la amnistía constituye "una herramienta jurídica para abordar un conflicto político que se tenía que haber resuelto desde el principio mediante el diálogo". Asimismo, han sostenido que "los intentos de las derechas y de una parte de la judicatura de boicotear esta legislatura saboteando" la medida "han fracasado".
También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha celebrado la resolución de Luxemburgo y aprovechó para dirigir sus críticas contra quienes recurrieron o cuestionaron la norma. A su juicio, el pronunciamiento del TJUE supone "otro ridículo europeo" para los detractores de la amnistía, un revés que ha calificado de "grave en sí mismo" y también "por reiterado".
En un mensaje publicado en la red social X, Puente ha añadido que no estaría de más que "la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado", una reflexión que llega después de que el tribunal europeo avalara la compatibilidad de la ley con el ordenamiento comunitario.
Luxemburgo avala el objetivo de reducir la tensión política
La resolución del TJUE considera que la amnistía persigue un objetivo legítimo al buscar "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista catalán.
Además, el tribunal descarta que la eventual desaparición de responsabilidad por los gastos vinculados al referéndum del 1-O o a la acción exterior del independentismo afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, al tratarse de recursos nacionales y no de fondos comunitarios.
Aunque introduce algunos matices sobre la aplicación procesal de la norma, especialmente en relación con las cuestiones prejudiciales planteadas ante Luxemburgo, el fallo ha sido interpretado por el Gobierno como una ratificación de los fundamentos jurídicos y políticos de la amnistía. Una lectura que Moncloa considera especialmente relevante después de meses de controversia institucional y judicial en torno a la medida.
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