La polémica en torno a la conocida como 'Ley de Nietos' ha vuelto a escalar este martes tras las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que vinculó la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados con una supuesta estrategia de "fabricación" y ampliación del censo electoral.
El Gobierno ha respondido con dureza a esas afirmaciones. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado las críticas de “irresponsabilidad mayúscula” y ha acusado al dirigente popular de proyectar una imagen “frustrada y desesperada”. Incluso ha llegado a sostener que Feijóo “parece ya oler una derrota electoral”. Saiz ha defendido que la medida no tiene ninguna finalidad electoral, sino que forma parte de un proceso de reconocimiento de derechos y "que está basada en los principios de reparación y de justicia a españoles que huyeron" de España.
La respuesta llega después de que Feijóo asegurara en una entrevista a 'esRadio' que el Ejecutivo pretende incorporar alrededor de 2,5 millones de nuevos votantes mediante la nacionalización de descendientes de españoles en el exterior, una práctica que definió como “ingeniería electoral”.
En la mañana de este martes, el líder de los populares ha vuelto a insistir en que la denominada ‘ley de nietos’ estaría “fabricando nuevos votantes”, aunque ha precisado que sus palabras no aluden a un supuesto “pucherazo electoral”.
Más de dos millones de solicitudes en marcha
El Ejecutivo sostiene que la dimensión del proceso responde a un mecanismo administrativo en funcionamiento desde hace años. Según los datos del Gobierno, alrededor de 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad. De ellos, las oficinas consulares han aprobado ya 545.000 expedientes, mientras que 306.500 personas han sido inscritas en el Registro Civil consular, lo que les permitiría acceder al derecho de voto en unas elecciones generales. El Gobierno matiza, no obstante, que el proceso continúa abierto y que las cifras siguen evolucionando.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática también han recriminado al líder del PP sus declaraciones, al que acusan de “profunda irresponsabilidad” por “frivolizar y manosear” un asunto vinculado a la memoria histórica.
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