La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto este lunes en el centro del debate la concesión de la nacionalidad española al advertir de que funcionarios y cónsules podrían estar incurriendo en una actuación “ilegal” si la conceden a personas “que no la merecen”.
Durante un desayuno coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, la dirigente autonómica ha dirigido sus críticas al marco normativo vinculado a la Ley de Memoria Democrática, al afirmar que “no hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse”. Ayuso ha vinculado las regularizaciones masivas con lo que ha definido como un posible “efecto llamada” y ha advertido de consecuencias sobre los servicios públicos, al hablar de un eventual “colapso del sistema público” si continúan estas políticas.
La presidenta madrileña ha ampliado sus críticas al plano electoral, al afirmar que la tercera provincia en número de votos en futuras elecciones “será Argentina”, en referencia al voto exterior, y ha cuestionado la gestión del censo y su posible impacto en la representación parlamentaria. En esa línea, ha sostenido que cualquier utilización del sistema consular o administrativo para influir en el reparto de escaños sería “ilegal”, apuntando directamente al Gobierno en la gestión del sistema electoral. "El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño".
Asimismo, ha defendido una visión restrictiva del ejercicio de la política, insistiendo en que los cargos públicos son temporales y que solo deberían continuar quienes mantengan “buenas ideas y propósitos”.
Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha traspasado todos los límites cuando ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en una entrevista con 'esRadio' ha acusado al presidente de llevar a cabo lo que ha calificado como “ingeniería electoral” mediante la supuesta “fabricación” de nuevos votantes de cara a los próximos comicios generales.
En su intervención, Feijóo ha puesto el foco en la denominada Ley de nietos, al considerar que podría incrementar de forma significativa el censo electoral. Según sus estimaciones, esta normativa permitiría la incorporación de alrededor de 2,5 millones de personas con derecho a solicitar la nacionalidad española, lo que a su juicio tendría un impacto directo en el cuerpo electoral.
El dirigente popular ha sostenido que el objetivo del Ejecutivo sería “rescatar” a un PSOE que, en sus palabras, estaría “muerto” y “en quiebra” en el plano político. Así, ha inisitido en que “es un interés evidente de conseguir nuevos votantes: 'como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando nuevos votantes me salen las cuentas'”, cuestionando así la estrategia del Gobierno. Además, ha afirmado que le preocupa especialmente que “no ha habido un caso en la democracia española en la que en un año se incremente el número de españoles en 2,5 millones”, llegando a señalar que en ciudades como Buenos Aires podría haber más de 600.000 potenciales votantes.
El líder del PP también ha vinculado este debate con la política migratoria del Ejecutivo, criticando la regularización de personas migrantes al considerar que podría entrar en conflicto con la normativa europea. Asimismo, ha acusado al Gobierno de intentar convertir el Estado en “propiedad privada” del PSOE y de restringir el debate político.
En su intervención, Feijóo ha sostenido que el PSOE “está muerto y está muerto de miedo, las dos cosas”, y ha cargado contra la reacción de la bancada socialista en el Congreso tras las últimas votaciones legislativas.
Preguntado por la posibilidad de una moción de censura, el líder del PP ha reconocido las dificultades para que los socios del Ejecutivo se desmarquen del Gobierno, al afirmar que “aquí todo el mundo es cómplice” y que están “entregando todo su capital político” al presidente.
Ayuso y su intento previo por frenar la regularización
La Comunidad de Madrid y Vox ya habían recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes, solicitando su suspensión urgente mientras se resolvía el fondo del asunto. Los recurrentes argumentaron entonces que la medida podría tener un impacto significativo en la prestación de servicios públicos como sanidad, educación o vivienda, al prever la incorporación de cientos de miles de personas al sistema administrativo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal celebró visitas para analizar estas peticiones, en la que se escucharon los planteamientos de las partes antes de adoptar una decisión sobre las medidas cautelares. Finalmente, el Supremo rechazó la suspensión solicitada al considerar que no se había acreditado de forma suficiente el riesgo de colapso de los servicios públicos ni la existencia de perjuicios irreversibles derivados de la aplicación inmediata del decreto, por lo que la regularización siguió su curso.
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