El Tribunal Supremo ha decidido no frenar de forma cautelar la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno, apoyándose en el “interés público” y el “sustrato humano” que, a su juicio, están en juego en esta reforma.
En dos autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, -difundidos este jueves y que explican el fallo conocido hace unos días-, el alto tribunal responde a los recursos de Vox y de la Comunidad de Madrid. Ambas partes reclamaban la suspensión inmediata del real decreto en una vista celebrada el pasado viernes, en la que el Supremo ya avanzó su rechazo y que ahora fundamenta por escrito.
Los jueces subrayan que en el real decreto cuestionado “subyace un interés público especialmente cualificado no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”.
Recuerdan que “tal interés público se sustenta en distintas justificaciones (de carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos con especial énfasis en la protección de los menores, de carácter económico, carácter demográfico, carácter cultural y social, etc.)”.
El Supremo precisa que ese interés público “se contrae, en esencia, a permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales”.
En la misma línea, la Sala destaca que “en coherencia con lo anterior, la incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente”.
Considera además que esta integración “permite garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral”.
Los magistrados advierten igualmente de que “también resultarían afectados intereses de terceros, como son las propias personas solicitantes de las autorizaciones, por cuanto que la suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa, pugnando con el interés público perseguido, con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.
Voto particular
Pese a la posición mayoritaria, los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román han formulado un voto particular en el que se muestran favorables a acordar la suspensión cautelar del real decreto de regularización, al entender que “no se aprecia que la suspensión propuesta vulnere derechos de los eventuales beneficiarios del real decreto”.
Ambos resaltan que los procedimientos de regularización contemplados en varias disposiciones “incorporan un régimen singular que, en términos de técnica jurídica, presenta rasgos propios de una amnistía administrativa”.
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