El Tribunal Supremo va a estudiar este viernes si se lleva a cabo la paralización de forma cautelar de la regulación extraordinaria de migrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta iniciativa se ha planteado después de la petición del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, Vox y las organizaciones de Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
Según Madrid, la medida “afecta gravemente” a la prestación de servicios públicos sin financiación o medios para auxiliar a las autonomías. Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal considera que provocará el colapso de los servicios públicos y más inseguridad en las calles. Y Hazte Oír sostiene que constituye un fraude de ley.
La Abogacía del Estado ya solicitó al alto tribunal, que rechazase suspender el proceso. Desde el servicio jurídico del Estado –a través de un escrito recogido por ‘EFE’– consideraron que la “suspensión de la norma dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general”. Asimismo, trasladaron: “La concesión de una autorización de residencia no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.
“La obtención de la autorización permitirá, en cambio, el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo. Ello no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral”, explicaba el escrito recogido por el medio mencionado.
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