El Congreso ha rechazado este martes los intentos de PP y la ultraderecha Vox de frenar la reforma del Código Penal que plantea eliminar los delitos específicos de injurias a la Corona, ofensas religiosas y ultrajes a los símbolos nacionales. La iniciativa supera así el debate de totalidad y continuará su tramitación después de permanecer bloqueada durante casi tres años.
La enmienda presentada por la ultraderecha Vox solo ha recibido el apoyo de sus 33 diputados, frente a 179 votos en contra y 138 abstenciones. La alternativa del PP también ha decaído, con 171 votos favorables y 178 en contra.
PSOE, Sumar y los grupos que respaldaron la investidura han recompuesto su mayoría para permitir que avance una reforma dirigida a adaptar la legislación española a los estándares europeos sobre libertad de expresión. El texto pasará ahora a ponencia y después a la Comisión de Justicia, donde los grupos negociarán su redacción definitiva.
Vox pide más penas y hasta retirar la nacionalidad
El portavoz de la ultraderecha Vox, Manuel Mariscal, ha utilizado el debate para presentar la reforma como una supuesta "barra libre" para quemar la bandera, pitar el himno o insultar a los católicos. Su formación pretendía mantener los actuales delitos y elevar el castigo para determinadas expresiones contra España y sus símbolos.
La propuesta ultra llegaba mucho más lejos. Incluía la posibilidad de imponer como pena accesoria la pérdida de la nacionalidad española a ciudadanos que la hubieran adquirido y fueran condenados por estas conductas. También reclamaba un protocolo para impedir protestas contra el himno o la bandera en competiciones deportivas.
Vox planteaba además un agravamiento específico de las penas por escarnio religioso cuando la conducta tuviera un carácter "anticristiano". La medida habría creado una protección penal reforzada para una confesión concreta, pese a que la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado.
Mariscal ha mezclado durante su intervención las injurias a la Corona, las ofensas religiosas y el terrorismo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar mantiene vigente el delito de enaltecimiento del terrorismo, que finalmente queda fuera de la reforma.
La ofensiva del partido ultra buscaba utilizar ese asunto para endurecer otros delitos relacionados con expresiones políticas, artísticas, satíricas o de protesta. Enrique Santiago, portavoz de Sumar, ha acusado a la ultraderecha de pretender convertir en delito cualquier manifestación contraria a su visión ideológica.
Qué cambiará en el Código Penal
La reforma suprimirá los artículos que ofrecen una protección penal especial al Rey y al resto de miembros de la Familia Real frente a injurias o calumnias. La Corona conservará la protección general del derecho al honor, como cualquier otra persona o institución, pero desaparecerán los tipos creados específicamente para la Jefatura del Estado.
También se eliminarán las injurias contra las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos. La modificación alcanzará además a las expresiones dirigidas contra el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los órganos de gobierno y tribunales superiores de las comunidades autónomas.
Otro de los cambios afecta al delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La reforma suprimirá el castigo penal por el escarnio público de dogmas, creencias, ritos o ceremonias, una figura cuestionada durante años por su difícil encaje con la libertad artística y de expresión.
Las amenazas, los daños, las coacciones, la discriminación y los delitos de odio seguirán siendo perseguibles. La despenalización afecta a la manifestación de ideas, críticas, sátiras o expresiones ofensivas, sin extenderse a conductas violentas o dirigidas contra personas por sus creencias.
El texto eliminará igualmente el delito de ultrajes a España y a sus símbolos, utilizado para castigar determinadas actuaciones contra la bandera o el himno. Los impulsores de la reforma recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado en varias ocasiones las condenas impuestas en España por expresiones simbólicas contra la Monarquía o las instituciones.
El PP acusa a la mayoría de "desarmar" el Estado
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido una enmienda alternativa que mantenía todas las figuras penales actuales y endurecía el castigo por enaltecimiento del terrorismo. La dirigente popular ha acusado a la mayoría parlamentaria de querer "desarmar al Estado" y facilitar los ataques contra el Rey, los jueces y las instituciones.
El PSOE ha respondido que la reforma tampoco plantea alterar la forma de la Jefatura del Estado ni debilitar las garantías constitucionales. Su diputado Artemi Rallo ha defendido que el objetivo consiste en evitar que el derecho penal actúe como un elemento de intimidación frente a la crítica política.
Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Podemos y Compromís han permitido que la iniciativa continúe, aunque algunos de estos grupos han reprochado al Gobierno que recuperase el texto tan tarde. ERC ha pedido acelerar la tramitación para evitar que vuelva a quedar paralizada antes de que termine la legislatura.
La reforma seguirá ahora su recorrido en la Comisión de Justicia, donde se incorporará formalmente el acuerdo para conservar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Al tratarse de una modificación orgánica del Código Penal, el texto definitivo necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso antes de pasar al Senado.
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