El Ministerio del Interior ha confirmado este viernes que ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional modificar el protocolo interno de uso de gas lacrimógeno para prohibir este material de defensa policial, una decisión que ya había adelantado el departamento tras la polémica generada por las cargas policiales registradas durante la huelga del 11N.
Fuentes del propio ministerio han indicado que, a partir de ahora, en los dispositivos de orden público la Policía Nacional podrá seguir utilizando los artificios ATL, unos botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo", mientras que otros medios empleados habitualmente por los antidisturbios, como las pelotas de goma o las escopetas de descarga de cartuchos de fogueo, continúan formando parte de sus intervenciones para disuadir a una multitud.
Información reservada en Madrid por las actuaciones del 11N
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado, además, que la Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada para evaluar las actuaciones policiales desarrolladas durante la jornada de huelga general en la capital.
La decisión de retirar el uso del gas lacrimógeno contra manifestantes ha provocado el enfado de varios sindicatos de la Policía Nacional, que consideran que la medida pone "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad. Desde esas organizaciones se ha llegado a sostener que la decisión supone "dejar a los agentes vendidos e indefensos", una crítica que han compartido el sindicato mayoritario entre los mandos y también Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jupol, Unión Federal de Policía (UFP) y Confederación Española de Policía (CEP).
La instrucción previa sobre piquetes violentos y barricadas
Interior recordó asimismo que, antes de la huelga, ordenó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil disponer de los dispositivos suficientes para prevenir "piquetes violentos" o barricadas, y garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales, según la instrucción de la Secretaría de Estado del 6 de octubre.
Marlaska descarta dimitir y defiende la proporcionalidad
Este pasado jueves, en declaraciones a la prensa antes de asistir a un acto del PSOE en Madrid por las elecciones generales, Fernando Grande-Marlaska descartó dimitir y cuestionó la proporcionalidad de algunas cargas policiales en las intervenciones contra piquetes y manifestantes de la huelga convocada por los sindicatos por el acceso a la vivienda y la mejora salarial.
Fernando Grande-Marlaska aseguró que había ordenado una "investigación muy específica" al margen de los análisis protocolarios que realiza la Policía en este tipo de dispositivos de orden público, y añadió: "Ayer hubo algunas actuaciones que, a primera vista, no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad".
No obstante, el ministro defendió "el ejercicio legítimo de la fuerza pública por parte de toda la Policía y de la Guardia Civil" y reivindicó que España cuenta con una Policía en materia de seguridad ciudadana "absolutamente ejemplar y digna" y "un referente a nivel mundial", al citar como ejemplos la Cumbre Iberoamericana, la cumbre de la OTAN y la cumbre de financiación de la ONU.
Preguntado por su continuidad en el cargo, el titular de Interior respondió que no creía tener "ninguna razón" para dimitir, y defendió que su labor se basa en mantener un equilibrio entre "defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades con plenas garantías".
"Todas las actuaciones y todos los medios que empleen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que ser absolutamente proporcionales y necesarios a las actuaciones que desarrolla y desde luego no ser absolutamente lesivos para la ciudadanía", reiteró el ministro.
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