La izquierda parlamentaria ha unido fuerzas este lunes para elevar la presión sobre el PSOE a pocas horas de que el Consejo de Ministros aborde el nuevo decreto de vivienda. Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns, Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís y BNG han comparecido ante el Hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresada Maricarmen Abascal, con una batería común de exigencias que consideran imprescindibles para respaldar la norma.
La fotografía ha reunido a dos ministras del Gobierno, Mónica García y Sira Rego, con representantes de Podemos y del resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Una imagen poco habitual después de años de choques y reproches entre las fuerzas que integran Sumar y el partido morado. La crisis de la vivienda ha colocado ahora a todos en un terreno compartido y ha convertido el desahucio de Maricarmen en el detonante de una presión que se dirige tanto al PSOE como a Junts.
El bloque exige una protección completa frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, la congelación y prórroga de los contratos de alquiler, su renovación automática, la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones y medidas contra el fraude de los pisos turísticos. También reclama impedir las compras especulativas de vivienda por parte de fondos de inversión.
Un mínimo compartido con diferencias importantes
Sumar defiende una prórroga reforzada de dos años para los contratos que venzan antes del verano de 2028, manteniendo durante ese periodo las condiciones vigentes. También quiere que los contratos puedan renovarse automáticamente cuando el inquilino cumpla con sus obligaciones. "No me creo que un casero no pueda renovar un contrato si no es para especular", ha sostenido Mónica García.
El socio minoritario del Gobierno considera que el texto todavía está lejos de recoger esas demandas. García ha recordado el plante de los ministros de Sumar en un Consejo de Ministros anterior y ha advertido de que podrían volver a hacerlo. "Mañana nos vamos a plantar nuevamente si ese decreto no lleva todas las medidas", ha afirmado. Yolanda Díaz también ha avisado de que su espacio político no dará por bueno un texto que quede por debajo de la emergencia habitacional.
Podemos comparte ese suelo de medidas, pero pretende avanzar más. La formación reclama bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra de viviendas destinadas a la especulación y expropiar los inmuebles acumulados por los fondos buitre. Su portavoz, Pablo Fernández, considera que las propuestas conocidas hasta ahora son "un parche" y ha vinculado el voto de sus cuatro diputados a la respuesta del Sindicato de Inquilinas y de los movimientos que mantienen la acampada en la Puerta del Sol.
Tito Morano, responsable de Economía de Podemos, ha reprochado al Ejecutivo que los grupos necesarios para convalidar el decreto todavía no hayan recibido el documento. A su juicio, el Gobierno ha vuelto a negociar primero con Junts para cerrar un texto rebajado y reclamar después el respaldo de la izquierda. Las reivindicaciones presentadas por el movimiento de vivienda representan para el partido morado un "mínimo de dignidad", aunque Podemos aspira a intervenir también sobre los cientos de miles de pisos controlados por fondos y sobre las viviendas desviadas al mercado turístico.
Las demás fuerzas han añadido sus propios avisos. Izquierda Unida rechaza que las medidas de protección se intercambien por nuevas ventajas fiscales para los caseros. Compromís exige mantener la prórroga automática, regular los alquileres de temporada y por habitaciones y retirar las bonificaciones a propietarios. ERC y EH Bildu reclaman una norma ambiciosa que impida desalojar a familias vulnerables sin ofrecerles otra vivienda. Los Comuns también han pedido al PSOE que responda con medidas concretas al malestar que ha llenado las calles.
El difícil equilibrio entre Junts y Podemos
El Ministerio de Vivienda trabaja con un borrador que incluye protección frente a los desahucios, el veto a las compras especulativas de los fondos, la estabilización de los contratos, la regulación del alquiler de temporada y un IVA del 21% para los pisos turísticos. También contempla ayudas para adquirir la primera vivienda, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan las rentas y el blindaje del parque público.
La letra concreta sigue abierta. Uno de los mayores choques afecta a la prórroga de los alquileres. PSOE y Sumar habían acordado en julio extender durante dos años los contratos que fueran venciendo, pero fuentes del socio minoritario denuncian que los socialistas pretenden reducir ahora ese plazo. La recuperación del piso de Maricarmen mediante una expropiación tampoco figurará, en principio, en el decreto de este martes y quedaría para una negociación posterior.
Junts reclama bonificaciones fiscales, seguridad jurídica para los propietarios y que las administraciones asuman las rentas impagadas cuando una familia vulnerable viva en el piso de un pequeño arrendador. También acepta limitar la actividad de los fondos buitre y suspender los desahucios cuando estas sociedades sean las propietarias. Josep Rull ha pedido abandonar la "trinchera ideológica" y buscar un mínimo común que permita aprobar la norma. Podemos sospecha que ese acuerdo servirá para rebajar el alcance del decreto y ha advertido de que no aceptará un "trágala" pactado previamente con Junts y el PNV.
La aritmética deja al PSOE atrapado entre ambos extremos. El decreto entraría en vigor tras su publicación, pero tendría que ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. El Gobierno necesita conservar los votos de Junts, Podemos, ERC, EH Bildu, el PNV y el resto de sus aliados. Un texto limitado puede perder a parte de la izquierda, mientras que una regulación más intervencionista corre el riesgo de ser rechazada por las formaciones nacionalistas más conservadoras.
Las conversaciones continuarán hasta el comienzo del Consejo de Ministros. Ernest Urtasun todavía ve margen para alcanzar un acuerdo y admite que cualquier avance llegará empujado por la movilización de la Puerta del Sol. Podemos mantiene la desconfianza y espera conocer el documento antes de decidir su voto. "No tenemos demasiada esperanza en el Gobierno", ha reconocido Morano, que ha confiado en la presión ciudadana para impedir que la respuesta al desahucio de Maricarmen vuelva a "cerrarse en falso".
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