El Gobierno se prepara para llevar al Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2027 aunque llegue a la votación sin los apoyos necesarios. Fuentes consultadas por 'ElConstitucional.es' aseguran que el Ejecutivo trabaja con finales de diciembre como límite para presentar el proyecto, una vez cerrado el acuerdo interno entre PSOE y Sumar y agotadas las negociaciones con sus aliados parlamentarios.
La decisión tiene un importante componente político. Después de toda una legislatura gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas, Pedro Sánchez quiere que los grupos tengan que pronunciarse ante un proyecto con más gasto social, medidas de vivienda y nuevas ayudas a las familias. Moncloa asume la posibilidad de una derrota, pero considera que mantener los Presupuestos guardados en un cajón tendría un coste todavía mayor a pocos meses de las elecciones generales.
La negociación comenzó oficialmente esta semana con la reunión entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. El encuentro sirvió para ordenar unas conversaciones que llevaban semanas produciéndose con mayor discreción y fijar las prioridades compartidas antes de acudir al resto de partidos.
Hacienda ha prometido que el proyecto incorporará "el mayor gasto social de la historia". La afirmación deberá concretarse ahora en partidas, beneficiarios y plazos. El punto de partida es un límite de gasto no financiero de 226.032 millones de euros, un 6,6% superior al utilizado como referencia para 2026 y el más elevado aprobado hasta la fecha.
Un escudo social frente al avance ultra
PSOE y Sumar comparten una lectura política de fondo. Los discursos institucionales resultan insuficientes para contener a una ultraderecha que crece explotando el malestar, la inseguridad económica y el deterioro de las expectativas. La vivienda, los salarios, la crianza, los cuidados y la calidad de los servicios públicos serán la respuesta que la coalición intentará contraponer a los mensajes de odio y a las soluciones autoritarias de Vox.
Ese planteamiento convierte los Presupuestos en algo más que una relación anual de ingresos y gastos. Serán también la carta con la que el Gobierno tratará de recuperar la iniciativa tras la crisis de Ceuta y de trasladar a la vida cotidiana los buenos datos macroeconómicos. "Es el momento de convertir el crecimiento económico en progreso social", defendió Sumar después de la primera reunión.
Hacienda ha avanzado medidas para facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a los jóvenes, proteger el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar la sanidad, la educación, la ciencia y la creación de empleo estable. También quiere ampliar las inversiones vinculadas a la transición ecológica y ofrecer protección a familias, autónomos y empresas ante posibles crisis exteriores.
Sumar pretende ir bastante más lejos. Urtasun llegó a la reunión con la vivienda como primera prioridad y reclamó recursos para levantar un gran parque público de alquiler, contener los precios y cerrar las vías utilizadas para esquivar la regulación mediante los arrendamientos temporales o turísticos.
El socio minoritario también quiere incorporar una prestación universal por crianza, reclamada desde hace años por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La propuesta plantea llegar a todas las familias con hijos menores de edad, con independencia de sus ingresos, y ha sido situada por Sumar entre las principales herramientas para reducir una pobreza infantil que continúa muy por encima de la media europea.
Para sufragar una parte de esa ayuda, el grupo ha registrado en el Congreso una iniciativa que grava con un 3% los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La formación calcula que afectaría a alrededor de 1.500 contribuyentes y permitiría recaudar 4.200 millones. El dinero se destinaría a un fondo específico de protección a la infancia.
La lista continúa con un aumento importante de las partidas para dependencia y cuidados, más inversión en Cercanías y media distancia, bonificaciones al transporte público, la universalización de la educación de cero a tres años y la gratuidad de los comedores escolares públicos. Sumar reclama además una reforma fiscal que eleve la aportación de las grandes fortunas y de las rentas del capital.
La vivienda vuelve a dividir a la coalición
Las coincidencias anunciadas por Hacienda esconden diferencias relevantes. La vivienda será el principal campo de batalla entre PSOE y Sumar, tanto por el volumen de dinero destinado a ampliar el parque público como por el grado de intervención sobre los precios y la actividad de los grandes propietarios.
La tensión quedó expuesta apenas un día antes de la reunión presupuestaria. El PSOE se abstuvo ante una iniciativa de Sumar que buscaba impedir la compra de viviendas por parte de fondos de inversión. Los dos partidos también mantienen pendiente un nuevo decreto con medidas sobre los alquileres, anunciado inicialmente para julio, aplazado después hasta septiembre y todavía sin fecha para llegar al Consejo de Ministros.
Sumar considera que el presupuesto perdería buena parte de su sentido político si la vivienda queda reducida a ayudas sin capacidad para abaratar los alquileres. El PSOE comparte el diagnóstico sobre el problema, aunque mantiene mayores reservas ante algunas fórmulas de intervención y quiere garantizar que cualquier medida llegue al Congreso con una mayoría suficiente.
La reforma fiscal abrirá otra discusión. Hacienda tendrá que decidir cuánto asume del impuesto planteado por Sumar, qué recaudación puede garantizar y cómo encaja las nuevas prestaciones dentro de unas cuentas que también deben cubrir el aumento del gasto en pensiones, los compromisos europeos y las inversiones ya anunciadas.
A esa ecuación se añade la defensa. Podemos ha convertido el incremento del gasto militar en una línea roja y ya ha advertido de que rechazará unos Presupuestos que consoliden lo que Ione Belarra denomina "el mayor rearme de la historia". Cada partida destinada a este ámbito estrechará el margen para cerrar el paquete social y complicará todavía más las conversaciones a la izquierda del PSOE.
El proyecto también nace con una dificultad técnica. El Congreso rechazó dos veces la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno con los votos de PP, Vox y Junts. Hacienda sostiene, apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado, que puede utilizar como referencia los objetivos fiscales remitidos a Bruselas y continuar la tramitación. Será un recorrido sin precedentes claros y susceptible de una nueva disputa política y jurídica.
Una mayoría que hoy parece imposible
El acuerdo entre PSOE y Sumar será únicamente la primera parte del camino. Junts y Podemos, dos fuerzas decisivas en la investidura de Sánchez, mantienen por ahora un rechazo frontal. Si ambas sostienen su posición, las cuentas carecerán de recorrido parlamentario desde su primera votación.
Junts rompió su acuerdo con el PSOE y ya votó junto a PP y Vox contra los objetivos de déficit. Desde el partido de Carles Puigdemont califican de "vergüenza" la escenificación realizada por los ministros y recuerdan el mensaje lanzado por su diputado Josep Maria Cruset durante aquel debate. "Con nosotros no cuenten", afirmó desde la tribuna.
Podemos tampoco ha recibido todavía una propuesta formal y presenta el proceso como una maniobra electoral de Sánchez. Su rechazo al gasto militar aleja cualquier entendimiento inicial, aunque el Gobierno espera que la presión de votar contra medidas de vivienda, cuidados o crianza obligue a la formación morada a discutir el contenido cuando exista un documento completo.
El resto de socios deja alguna puerta abierta. El Partido Nacionalista Vasco ya ha sido convocado y acudirá a la reunión con voluntad de negociar. EH Bildu mantiene su habitual discreción, ERC se muestra escéptica pero dispuesta a escuchar y el Bloque Nacionalista Galego ha tendido la mano a un posible acuerdo. Sus votos, sin embargo, resultarán insuficientes si Junts y Podemos permanecen en el rechazo.
La reforma de la financiación autonómica cruzará esas conversaciones. ERC exige que el Gobierno cumpla el pacto para desarrollar un nuevo modelo y la financiación singular de Cataluña. El Ejecutivo quiere avanzar en ese proyecto antes de cerrar los Presupuestos, aunque también necesita reunir una mayoría parlamentaria para aprobarlo. La negociación de una ley condicionará inevitablemente la otra.
El calendario añade presión. El artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos al menos tres meses antes de que terminen las cuentas vigentes, lo que coloca el 30 de septiembre como fecha límite ordinaria. Ese plazo ya resulta inalcanzable. La presentación tardía permite continuar el procedimiento, pero dificulta que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero.
Un proyecto registrado a finales de diciembre abriría 2027 con los Presupuestos de 2023 nuevamente prorrogados mientras el Congreso tramita las nuevas cuentas. Sería la cuarta prolongación de un texto aprobado en diciembre de 2022 y convertido ya en el más longevo de la democracia.
El Gobierno puede sobrevivir jurídicamente a otra derrota presupuestaria y continuar utilizando modificaciones de crédito para adaptar las cuentas. Políticamente, el escenario será mucho más incómodo. Las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts podrían devolver el proyecto al Consejo de Ministros antes de que comience el debate de las partidas.
PSOE y Sumar tendrán entonces un documento con el que acudir a las elecciones y señalar a quienes impidieron su aprobación. Junts y Podemos deberán explicar por qué rechazaron unas cuentas que incorporaban parte de la agenda social que ambos reclaman. El primer pulso se librará dentro del Gobierno; el definitivo llegará al Congreso, donde la mayoría que invistió a Sánchez permanece hoy rota.
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