El Gobierno volverá este jueves al Congreso con la misma senda fiscal que fue rechazada la semana pasada. El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo los objetivos de déficit para el periodo 2027-2029, sin modificar el reparto entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La decisión permite a Hacienda agotar el procedimiento previsto en la ley y mantener abierta la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El Ejecutivo asume que puede sufrir una segunda derrota, pero sostiene que el rechazo parlamentario no impedirá presentar las cuentas después del verano.
La votación cerrará el curso político en el Congreso con una mayoría aparentemente idéntica a la de hace una semana. PP, la ultraderecha Vox, Junts y UPN rechazaron entonces la propuesta, mientras Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó se abstuvieron. Ninguno de estos grupos ha anunciado hasta ahora un cambio que permita al Gobierno alcanzar los apoyos necesarios.
Los mismos números que ya rechazó el Congreso
La senda fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027, que bajaría al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. La Administración central concentraría la mayor parte del margen, con un objetivo del 1,5% el próximo año, frente al 0,2% asignado a la Seguridad Social.
Las comunidades autónomas podrían cerrar cada uno de los tres ejercicios con un déficit del 0,1% del PIB, mientras los ayuntamientos tendrían que mantener el equilibrio presupuestario. Ese reparto fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al rechazo de los gobiernos autonómicos del PP.
La oposición cuestiona que el Estado se reserve la mayor parte del margen mientras las comunidades gestionan servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia. Hacienda responde que la propuesta mejora el escenario de equilibrio que se aplicaría a las autonomías si el Congreso vuelve a votar en contra.
La senda de déficit se presenta junto al techo de gasto de 2027, situado en la cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el ejercicio anterior. Este límite ya está aprobado y no necesita el respaldo de las Cortes, por lo que la votación del jueves afectará únicamente a los objetivos de estabilidad y deuda.
Casi 5.849 millones para las comunidades
El principal argumento del Gobierno se concentra en la décima de déficit concedida a las autonomías. Según los cálculos de Hacienda, ese margen permitiría a los gobiernos regionales disponer de 5.849 millones de euros adicionales entre 2027 y 2029 para elaborar sus presupuestos.
Madrid tendría 1.226 millones más durante esos tres años, Cataluña obtendría 1.202 millones y Andalucía contaría con otros 1.092 millones. La Comunidad Valenciana sumaría 542 millones, mientras Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia recibirían márgenes de 288, 282 y 272 millones, respectivamente.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha utilizado estas cifras para presionar especialmente al PP. Considera contradictorio que sus comunidades reclamen más recursos y que sus diputados voten contra una senda que les concede mayor capacidad de gasto.
Los 'populares' replican que una décima resulta insuficiente frente al margen del que disfruta la Administración central y reclaman un reparto distinto. Junts mantiene una posición semejante respecto a Cataluña y considera que la propuesta continúa concentrando demasiada capacidad fiscal en el Estado.
Una segunda derrota abre una zona gris
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que, después de un primer rechazo, el Gobierno dispone de un mes para remitir una nueva propuesta. El texto puede contener cifras diferentes o repetir exactamente las anteriores, como ha decidido hacer Hacienda.
La ley guarda silencio sobre las consecuencias de una segunda derrota. Esa ausencia de una salida expresa coloca al Ejecutivo ante un escenario poco explorado, aunque no implica automáticamente que deba abandonar los Presupuestos.
La interpretación de Hacienda es que, una vez agotado el procedimiento parlamentario, seguirían vigentes los objetivos generales comprometidos con Bruselas en el plan fiscal de medio plazo. El Gobierno podría redactar las cuentas de 2027 dentro de ese marco y cumplir con su obligación constitucional de presentar un proyecto presupuestario.
La principal diferencia estaría en las comunidades autónomas. El plan remitido a la Unión Europea contempla el equilibrio presupuestario para este subsector, por lo que un nuevo rechazo eliminaría la décima adicional y obligaría a los gobiernos regionales a trabajar con un objetivo más exigente.
Esta vía nunca se ha aplicado en España. Hacienda estudió una solución similar en 2024, cuando el Congreso también rechazó dos veces los objetivos fiscales, pero el Ejecutivo terminó renunciando a presentar unos nuevos Presupuestos y mantuvo prorrogadas las cuentas anteriores.
Los Presupuestos siguen sin una mayoría
Superar el trámite legal no resuelve el problema político. El Gobierno puede presentar el proyecto de Presupuestos, pero necesitará construir después una mayoría para evitar que el Congreso lo devuelva mediante una enmienda a la totalidad.
Junts vuelve a ocupar una posición decisiva. Su rechazo a la senda fiscal muestra que la relación con el Ejecutivo continúa lejos del entendimiento necesario para sacar adelante unas cuentas completas, donde cada formación planteará además sus propias exigencias territoriales y políticas.
Podemos tampoco respaldó la propuesta en la primera votación y reclamó una política fiscal más ambiciosa. La abstención de Compromís reflejó igualmente las reservas de parte de los socios sobre el reparto de recursos y el modelo de financiación autonómica.
Hacienda pretende cerrar primero el proyecto con Sumar y comenzar después las conversaciones con los grupos. La intención declarada es llevar los Presupuestos de 2027 al Congreso en octubre, después de tres ejercicios consecutivos con las cuentas de 2023 prorrogadas.
Antes deberá producirse la segunda votación de la senda. El pleno del jueves determinará si las comunidades conservan los 5.849 millones de margen ofrecidos por Hacienda o si el Gobierno inicia la redacción presupuestaria con otra derrota parlamentaria y un objetivo fiscal más estricto para las autonomías.
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