El Gobierno va a seguir con su hoja de ruta a pesar de la derrota parlamentaria sufrida este martes, cuando PP, Vox y Junts tumbaron la senda de déficit para los próximos Presupuestos Generales del Estado. En La Moncloa mantienen que las cuentas públicas siguen siendo “el hito principal” con el que pretenden arrancar el nuevo curso político tras el parón estival, aunque el revés vuelve a situar sobre la mesa un escenario que el Ejecutivo evita verbalizar: la posibilidad de un adelanto electoral si las nuevas cuentas terminan fracasando.
¿Y si los Presupuestos no salen adelante y la legislatura concluye sin nuevas cuentas públicas? Es la cuestión que trasladamos al Gobierno y sobre la que la respuesta sigue siendo la misma: “No estamos en ese escenario”.
Lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no verbaliza, pero sí forma parte de los escenarios que contempla, es la posibilidad de un adelanto electoral a partir del próximo año —cuando políticamente resulte más conveniente— si finalmente las cuentas públicas no logran salir adelante una vez lleguen al Congreso de los Diputados tras el verano.
De momento, el Gobierno tiene una nueva oportunidad el próximo 23 de julio. Incluso si vuelve a sufrir un nuevo revés, la legislación le permite continuar con la tramitación presupuestaria. Y todo apunta a que así será. “Todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Dejen de engañar a la gente”, sentenció el diputado de Junts Josep Maria Cruset durante el debate. En privado, desde la formación catalana mantienen el mismo diagnóstico y consideran que no existe una mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas.
Próxima parada: decreto de vivienda
“Antes de final de mes habrá un nuevo decreto ley”, aseguraba en las últimas horas el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena SER, donde insistió en el objetivo de “proteger a tres millones de inquilinos” y dar respuesta al que considera “el principal problema de la clase trabajadora en España”.
Así, y en paralelo a la vía presupuestaria, el Gobierno quiere llevar al Congreso antes de que acabe julio un nuevo decreto sobre vivienda que continúa negociándose en medio de un nuevo choque interno entre PSOE y Sumar a cuenta de los beneficios fiscales dirigidos a los propietarios.
El Ejecutivo se ha propuesto tejer un texto que pueda concitar el apoyo de una mayoría parlamentaria, algo que, por ahora, sigue lejos de estar garantizado. El objetivo es evitar un nuevo fracaso como el del pasado mes de abril, cuando el Congreso rechazó la prórroga de dos años de las medidas extraordinarias para los alquileres.
Fuentes de Sumar han señalado que las propuestas de los socialistas son “más de derechas” que las de Junts y sostienen que, mientras la formación de Carles Puigdemont está “facilitando el acuerdo”, es el PSOE quien “se tiene que mover”.
Sin embargo, desde Junts rebajan el optimismo. Aseguran que, por ahora, “no hay texto” y, aunque no cierran la puerta a la negociación, enfrían las expectativas sobre un acuerdo inminente.
En Podemos, que defiende medidas diametralmente opuestas, confirman igualmente que no existe ninguna negociación abierta. La formación reclama la suspensión de los desahucios de personas en situación vulnerable y rechaza que el decreto incluya medidas para favorecer a los rentistas, precisamente uno de los principales puntos de fricción que mantiene vivo el debate entre PSOE y Sumar.
Mientras tanto, el PNV mantiene la cautela habitual. Sus fuentes confirman que existen conversaciones —lo que se traduce en un intercambio de propuestas concretas—, pero evitan pronunciarse sobre el estado de las negociaciones. Recuerdan, además, que más allá del trabajo que su grupo parlamentario desarrolla “todo el tiempo”, esos contactos siguen siendo imprescindibles.
La negociación del decreto de vivienda se ha convertido así en algo más que una iniciativa legislativa. Después de la importancia que el Gobierno de Pedro Sánchez, y especialmente Sumar, han otorgado a esta medida, un nuevo fracaso parlamentario supondría otro golpe para una mayoría cada vez más exigida. Al mismo tiempo, serviría como termómetro de cara a la gran batalla política que el Ejecutivo quiere librar después del verano: la de unos Presupuestos de los que depende buena parte del recorrido de la legislatura a la que cada vez le queda menos vida.
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