Pedro Sánchez conoció en París la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a su hermano David y regresa a la política nacional con una nueva jornada judicial para el PSOE. Cristina Narbona declara este miércoles como testigo ante el juez Santiago Pedraz por sus conversaciones con Leire Díez, mientras la gerente socialista, Ana María Fuentes, deberá comparecer como investigada el próximo 9 de septiembre.
Los tres asuntos pertenecen a procedimientos distintos y tienen un alcance procesal diferente. David Sánchez ha recibido una sentencia que todavía puede ser recurrida. Narbona acude a la Audiencia Nacional únicamente como testigo. Fuentes sí está investigada por su posible participación en la documentación utilizada para justificar varios pagos del partido dentro del denominado ‘caso Leire Díez’.
La coincidencia concentra de nuevo la presión sobre Ferraz y Moncloa. El PP ha presentado la condena como una prueba contra el presidente, mientras el Gobierno y la dirección socialista defienden que los procedimientos deben seguir su curso y rechazan que puedan utilizarse para atribuir responsabilidades a Sánchez por actuaciones ajenas.
El Gobierno confía en que el recurso corrija la condena
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para presentarse a unas elecciones como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.
El fallo considera que desde la Diputación se desarrolló un plan para crear y modificar puestos destinados a favorecer a David Sánchez y a su colaborador Luis Carrero. También condena a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y antiguo líder del PSOE extremeño, a dos penas de nueve años por dos delitos de prevaricación.
La resolución descarta el tráfico de influencias y reconoce que no ha quedado acreditado que Pedro Sánchez, su entorno o cualquier otra persona ejercieran presiones para lograr la contratación. Tampoco impone penas de prisión, aunque sí una prolongada exclusión del empleo público y del derecho al sufragio pasivo.
La defensa de David Sánchez considera la sentencia "absolutamente injusta" y ha anunciado un recurso. El siguiente examen corresponderá a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que podrá confirmar, modificar o revocar el fallo dictado en Badajoz.
El Gobierno ha fijado una posición clara. La portavoz, Elma Saiz, expresó su respeto por la decisión judicial, defendió la inocencia del hermano del presidente y recordó que la Fiscalía pidió su absolución al considerar insuficiente la base penal de las acusaciones.
Saiz también señaló que el procedimiento comenzó a partir de una denuncia de Manos Limpias, una organización ultraderechista. "Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos", afirmó antes de expresar su confianza en que las instancias superiores constaten la inocencia de David Sánchez.
El PSOE denuncia una causa construida desde la sospecha
Ferraz ha respaldado tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo y a los técnicos condenados. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, expresó la "discrepancia absoluta" del partido con el fallo y sostuvo que el procedimiento nació de informaciones falsas convertidas posteriormente en una causa penal.
La dirigente socialista puso el acento en dos elementos de la sentencia. El tribunal descarta las presiones externas que las acusaciones situaban en el origen de la contratación y la Fiscalía mantuvo durante todo el juicio que faltaban pruebas suficientes para condenar.
Torró considera que desde el inicio se sustituyó la presunción de inocencia por una "presunción de sospecha" debido al parentesco entre David y Pedro Sánchez. El PSOE relaciona la causa con una estrategia política más amplia contra familiares y personas cercanas al jefe del Ejecutivo.
Patxi López calificó la pena de "auténtica barbaridad" y denunció una "cacería" contra el PSOE. María Jesús Montero sostuvo que el procedimiento merecía una absolución y Montse Mínguez reclamó que las resoluciones judiciales puedan ser comprendidas con claridad por la ciudadanía.
Óscar Puente fue todavía más contundente. El ministro de Transportes afirmó que este periodo será recordado por cómo se han tensado "las costuras" de las instituciones con la finalidad de derribar al Gobierno. Después dirigió sus críticas hacia Alberto Núñez Feijóo por convertir las sentencias y los autos judiciales en el centro de su estrategia electoral.
Sumar también cuestionó la proporcionalidad de la condena. Alberto Ibáñez advirtió de que resoluciones de esta naturaleza ponen "muy difícil creer en el Estado de Derecho", mientras Aina Vidal señaló el deterioro que estos procesos provocan en la percepción ciudadana de la Justicia.
El PSOE de Extremadura ha adoptado un tono más contenido. Su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, trasladó su "máximo respeto" por la sentencia y mantuvo la confianza personal y política en los condenados. La dirección regional revisará además sus estatutos para determinar si corresponde adoptar alguna medida orgánica mientras se resuelven los recursos.
Narbona explica hoy sus mensajes con Leire Díez
La siguiente cita llegará este miércoles en la Audiencia Nacional. Cristina Narbona declarará como testigo ante Santiago Pedraz dentro del ‘caso Leire’, que investiga una presunta estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a personas vinculadas con ambos.
La comparecencia estaba prevista inicialmente para el 10 de julio, pero quedó aplazada por el reciente fallecimiento de la madre de la presidenta socialista. Su testimonio se centrará en una conversación de WhatsApp que mantuvo con Leire Díez el 24 de abril de 2024, el mismo día en el que Pedro Sánchez publicó su ‘Carta a la ciudadanía’ y anunció un periodo de reflexión sobre su continuidad.
Según el informe de la UCO incorporado a la causa, Díez habló con Narbona de "reconducir" los ataques contra el presidente, prestar "ayuda cualificada" y dar la vuelta a la situación "como un calcetín". Narbona respondió haciendo referencia a que aquellas cuestiones ya habían sido comentadas con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización.
La presidenta del PSOE ha reconocido la existencia de esa conversación, aunque sostiene que Díez nunca le entregó documentos ni información concreta. Su versión es que se limitó a derivarla hacia Cerdán por ser el responsable orgánico competente y que desconocía las actividades que posteriormente han terminado bajo investigación judicial.
Narbona tendrá ahora la obligación de responder con la verdad por su condición de testigo. Pedraz tratará de aclarar qué información recibió, qué significado dio a los mensajes y si conoció alguna actuación posterior de Díez relacionada con las maniobras examinadas en el procedimiento.
La presidenta socialista no está investigada dentro de esta causa. Su nombre aparece a raíz de los mensajes y su comparecencia fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para completar el relato de las personas que tuvieron contacto con Díez durante el periodo analizado.
La gerente del PSOE deberá declarar en septiembre
La presión sobre Ferraz aumentó este martes con la citación de Ana María Fuentes como investigada. El juez Pedraz la ha convocado para el 9 de septiembre, la misma fecha en la que deberá comparecer el abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa de Koldo García.
La investigación atribuye a Fuentes una posible participación en la emisión de unas notas de encargo que, según la hipótesis judicial, habrían permitido justificar pagos del PSOE a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Los investigadores estudian si parte de esos fondos terminó financiando actuaciones relacionadas con Leire Díez mediante sociedades interpuestas y facturas que ocultaban su verdadero destino.
La citación permite a Fuentes conocer las sospechas, acudir asistida por un abogado y guardar silencio. El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción y la condición de investigada tampoco implica que vaya a ser procesada o juzgada.
Patxi López ha salido en defensa de la gerente. El portavoz socialista en el Congreso afirmó que ha llevado las cuentas del partido "con escrupulosidad" y recordó que la Justicia dispone de las facturas y de la documentación económica entregada por el PSOE.
Ferraz mantiene por ahora su confianza en ella. La dirección socialista sostiene que los pagos respondían a trabajos jurídicos reales y espera que Fuentes pueda aclarar el origen y el contenido de los documentos señalados por el juez.
El PP intensifica la presión sobre Sánchez
La oposición ha unido los tres episodios dentro de una misma ofensiva contra el presidente. Feijóo presentó la condena como la tercera dictada contra el entorno de Sánchez y defendió que demuestra que nadie está por encima de la ley.
La portavoz popular Ester Muñoz llegó a afirmar que la sentencia haría caer a un Gobierno en cualquier otro país. La ultraderecha Vox elevó aún más el tono con acusaciones generales contra todo el PSOE, pese a que la resolución se limita a los hechos examinados en la Diputación de Badajoz y carece todavía de firmeza.
El Ejecutivo responde que Pedro Sánchez queda fuera tanto de los hechos probados en la sentencia de su hermano como de las diligencias que se practicarán este miércoles. Moncloa trata de separar la responsabilidad política del presidente de procedimientos que afectan a familiares, antiguos dirigentes o trabajadores del partido.
La jornada dejará tres calendarios diferentes. Narbona declarará este miércoles como testigo, la defensa de David Sánchez prepara su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Ana María Fuentes comparecerá como investigada el 9 de septiembre.
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