El PSOE planta cara a la condena del hermano de Sánchez y denuncia una estrategia contra el Gobierno: "Son inocentes"

La dirección socialista recuerda que la Fiscalía pidió la absolución y cuestiona que el procedimiento partiera de una denuncia basada en informaciones falsas

14 de julio de 2026 a las 18:58h
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en el comunicado difundido por el partido en redes sociales. Fuente: @PSOE en X
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en el comunicado difundido por el partido en redes sociales. Fuente: @PSOE en X

El PSOE ha cerrado filas con David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz. La dirección federal ha mostrado su "discrepancia absoluta" con la sentencia, ha defendido la inocencia de todos ellos y ha situado el origen del procedimiento en una denuncia de Manos Limpias basada, según los socialistas, en informaciones falsas.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha sido la encargada de fijar la posición oficial del partido. En un vídeo difundido este martes, ha subrayado que la resolución judicial descarta que se haya acreditado cualquier presión o influencia externa en la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

"David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del PSOE", ha afirmado Torró. El partido respeta la decisión del tribunal, aunque confía en que las instancias superiores revisen una condena que considera injusta.

El PSOE señala el origen ultra de la causa

Torró ha recordado que el procedimiento comenzó con una denuncia de Manos Limpias, una organización de extrema derecha que atribuyó inicialmente a David Sánchez un patrimonio injustificado, fraude fiscal y tráfico de influencias. Esas acusaciones fueron quedando fuera del proceso durante la instrucción o han sido descartadas en la sentencia.

La Audiencia ha condenado finalmente a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y presentarse a unas elecciones como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. Miguel Ángel Gallardo ha recibido dos penas de nueve años por dos delitos de prevaricación.

El tribunal considera que existió un plan para crear puestos destinados a favorecer a David Sánchez y a su colaborador Luis Carrero. La sentencia, al mismo tiempo, señala que ha quedado sin acreditar que Pedro Sánchez, su entorno o cualquier otra persona ejercieran presiones para conseguir la plaza. También absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias.

La secretaria de Organización socialista ha reprochado que durante todo el procedimiento se sustituyera la presunción de inocencia por una "presunción de sospecha". También ha incidido en que la Fiscalía mantuvo que las pruebas carecían de entidad penal suficiente y pidió la absolución de todos los procesados.

Según Torró, el juicio acreditó que David Sánchez accedió al puesto por su formación y su experiencia profesional. La plaza se creó en 2017, cuando su hermano todavía carecía de responsabilidades institucionales y orgánicas al frente del país y del PSOE.

La dirigente ha relacionado el proceso con una estrategia dirigida a desgastar al Ejecutivo mediante causas contra familiares y personas cercanas al presidente. "El que pueda hacer, que haga", ha añadido al recordar las palabras utilizadas en su día por José María Aznar contra el Gobierno.

Montse Mínguez pide una Justicia que la ciudadanía pueda entender

La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha centrado su reacción en la argumentación del fallo y en las dudas que, a su juicio, generan algunas sentencias conocidas durante los últimos meses.

Mínguez ha comparado el caso de David Sánchez y Gallardo con la condena al ex fiscal general del Estado. La portavoz ha destacado que en ambas resoluciones aparecen expresiones como "no ha quedado probado" o "no ha quedado acreditado", pese a que terminan imponiendo condenas.

"A la Justicia solo le pedimos una cosa, que los ciudadanos podamos entenderla. A mí me parece tremendo", ha escrito.

La dirección socialista considera que la dureza de la pena resulta difícil de conciliar con la ausencia de pruebas sobre las influencias que motivaron la denuncia inicial. Patxi López ha calificado la condena de "auténtica barbaridad" y sostiene que el procedimiento terminó persiguiendo a una persona por su relación familiar con el presidente.

El portavoz socialista en el Congreso ha asegurado que el partido acata el fallo, pero mantiene su denuncia sobre una "cacería" dirigida contra el PSOE. También ha recordado que la sentencia carece de firmeza y será recurrida.

El Gobierno y el PSOE extremeño confían en los recursos

Desde el Gobierno, Elma Saiz ha expresado respeto por la actuación de los tribunales y ha defendido la inocencia de David Sánchez. La portavoz ha recordado que el procedimiento nació de una denuncia de una organización ultra y que la Fiscalía pidió la absolución al considerar que faltaba base penal.

Moncloa espera que las siguientes instancias judiciales corrijan la condena. La posición del Ejecutivo coincide con la expresada por Sumar, que ha definido los nueve años de inhabilitación como una pena desproporcionada y ha advertido del deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia.

El PSOE de Extremadura ha optado por un tono más prudente. Su secretario general ha trasladado su "máximo respeto" por la sentencia y por la independencia judicial, aunque también mantiene su confianza en la inocencia de Gallardo y del resto de los condenados.

Álvaro Sánchez Cotrina ha comparecido "afectado" por el fallo y ha reivindicado su obligación de dar la cara "a las duras y a las maduras". Varios de los condenados ya le han comunicado que recurrirán y la dirección regional revisará sus estatutos para determinar las consecuencias orgánicas que correspondan.

Las defensas preparan ahora sus recursos ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El PSOE mantendrá su apoyo a los condenados mientras la sentencia continúa pendiente de revisión.

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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