Sumar ha reaccionado con dureza a la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su participación como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa. La formación considera que la pena dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz resulta excesiva y advierte de las consecuencias que este tipo de resoluciones tienen sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
"Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada. Están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país", ha señalado Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar. El dirigente ha definido los nueve años de inhabilitación como una "auténtica desproporción" y un "aviso a navegantes" que, a su juicio, trasciende el procedimiento concreto contra el músico.
Aina Vidal, portavoz adjunta del grupo plurinacional y diputada de Catalunya en Comú, ha compartido ese diagnóstico. Vidal ha afirmado que el estado de opinión de los españoles sobre la Justicia es "nefasto" y ha relacionado ese deterioro con sentencias como la conocida este martes y con el trato que está recibiendo Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado.
Una sentencia que será recurrida
La Sección Primera de la Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para presentarse como candidato a unas elecciones. El tribunal lo considera cooperador necesario de una prevaricación relacionada con la modificación del puesto que ocupaba dentro de la Diputación provincial. La resolución queda libre de penas de prisión y todavía puede ser recurrida, una vía que la defensa ya ha anunciado que utilizará.
El procedimiento examinó la creación en 2017 de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, su adjudicación a David Sánchez y la transformación posterior del puesto en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Los magistrados sostienen que desde las altas instancias de la Diputación se desarrolló un plan para favorecerle, aunque la propia sentencia admite que no ha quedado acreditado quién tomó inicialmente la decisión ni si hubo presiones de Pedro Sánchez o de personas vinculadas a su entorno.
El fallo también impone a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y antiguo líder del PSOE extremeño, dos penas de nueve años de inhabilitación por otros tantos delitos de prevaricación. Varios funcionarios y responsables de la institución provincial han recibido igualmente condenas por su participación en los distintos trámites administrativos analizados.
La causa llegó a juicio impulsada por la acusación popular de Manos Limpias después de que el Ministerio Fiscal solicitara el sobreseimiento durante la fase previa. La Fiscalía mantuvo posteriormente que las pruebas presentadas resultaban insuficientes para condenar y reclamó la absolución de David Sánchez, postura compartida por su defensa.
Sumar pone el foco en la proporcionalidad
La reacción del socio minoritario del Ejecutivo se ha centrado en la dureza de la pena y en el efecto acumulado que determinados procedimientos están teniendo sobre la imagen de la Justicia. Sumar evita cuestionar la capacidad de los tribunales para investigar posibles irregularidades, pero sostiene que la respuesta penal debe guardar una relación razonable con los hechos acreditados y con la intervención concreta de cada acusado.
Ibáñez ha insistido en que una condena de nueve años de inhabilitación requiere una fundamentación especialmente sólida. Su advertencia se dirige al riesgo de que una resolución percibida como excesiva alimente la idea de que el apellido de una persona o su relación familiar con un dirigente político influye sobre la intensidad de la respuesta judicial.
El Gobierno ha afirmado que respeta la sentencia, aunque discrepa de su contenido y mantiene la inocencia de David Sánchez. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha recordado que la Fiscalía pidió la absolución y que el procedimiento nació de una denuncia presentada por una organización ultraderechista. Moncloa confía en que las instancias superiores revisen el fallo cuando la defensa formalice su recurso.
La resolución ha provocado una respuesta opuesta en el PP y la ultraderecha Vox, que la han presentado como una prueba de corrupción dentro del entorno familiar del presidente. Sumar se distancia así de sus socios socialistas al formular su propia crítica, centrada en la desproporción de la condena y el desgaste institucional causado por determinadas actuaciones judiciales.
Sumar acusa a Peinado de "misoginia" contra Begoña Gómez
Las críticas de Aina Vidal enlazan con la reacción que Sumar ha mantenido este martes ante la última decisión del polémico juez Juan Carlos Peinado. El magistrado ha concedido cinco días a Begoña Gómez para acreditar que utilizó su pasaporte únicamente durante el viaje a Londres que había sido autorizado por el juzgado para asistir a la graduación de su hija.
Peinado ha realizado el requerimiento después de comprobar que el documento entregado por Gómez carecía de sellos físicos de entrada o salida. La defensa sostiene que el desplazamiento se produjo dentro de las fechas permitidas y que los controles fronterizos británicos se realizan mediante sistemas electrónicos, por lo que la ausencia de marcas en el pasaporte resulta habitual. El juez ha advertido de que podría valorar un posible quebrantamiento de la medida cautelar si el viaje no queda justificado.
El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado la actuación de "absolutamente lamentable, fuera de lugar y un ataque al entorno del presidente por la vía de atacar a su mujer". La portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero ha hablado directamente de "misoginia" y "machismo", mientras Alberto Ibáñez aprecia una decisión desproporcionada que refleja "violencia política y de género".
Sumar entiende que la exigencia dirigida a Gómez vuelve a colocar sobre ella la obligación de despejar cualquier sospecha generada durante la instrucción. La esposa del presidente dispone ahora de cinco días para presentar ante el juzgado la documentación de su viaje a Londres.
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