El Congreso ha tumbado este martes el primer paso de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. PP, la ultraderecha Vox, Junts y UPN han rechazado la senda de estabilidad presentada por el Gobierno, que ha recibido 167 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones.
El resultado obliga al Ejecutivo a repetir el procedimiento antes de continuar con unas cuentas que pretende presentar después del verano. El Ministerio de Hacienda ya ha confirmado que llevará los mismos objetivos al próximo Consejo de Ministros y los someterá nuevamente a votación en el Pleno extraordinario del 23 de julio.
Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó se han abstenido. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria han respaldado la propuesta, aunque varios de esos grupos han advertido de que su voto favorable a la senda tampoco garantiza un apoyo posterior a los Presupuestos.
Junts vuelve a inclinar la balanza junto a la derecha
Los siete diputados de Junts han resultado decisivos para que el primer trámite presupuestario termine en derrota. Su portavoz económico, Josep Maria Cruset, ha calificado la propuesta como "una estafa para Cataluña" al considerar insuficiente el margen de déficit reservado a las comunidades autónomas.
El dirigente independentista ha definido además el procedimiento como una "operación de marketing" y un "teatro" con el que el Gobierno intenta aparentar que puede aprobar unas cuentas pese a carecer de una mayoría parlamentaria asegurada.
El rechazo se enmarca en la estrategia que Junts mantiene durante los últimos meses, basada en decidir cada votación por separado y alternar acuerdos con derrotas para el Ejecutivo. En el mismo Pleno, la formación catalana ha apoyado las medidas destinadas a reforzar el sistema de dependencia, una iniciativa con financiación directa para las comunidades autónomas.
El Partido Popular también ha votado en contra. Su diputado José Vicente Marí Bosó ha calificado la senda de "trile" y ha acusado al Ejecutivo de irresponsabilidad fiscal, mientras que los ultras de Vox ha resumido su posición con un contundente "no cuenten con nosotros". UPN ha completado el bloque de 178 diputados que ha impedido la aprobación.
Podemos ha optado por la abstención después de cuestionar el aumento del gasto militar y la falta de una negociación previa con el Gobierno. Javier Sánchez Serna ha acusado al Ejecutivo de presentar como sociales unas futuras cuentas condicionadas por el incremento de los compromisos en defensa.
Águeda Micó también se ha abstenido al considerar que la senda ignora la situación de las comunidades peor financiadas. La diputada de Compromís, englobada en el Grupo Mixto tras su salida de Sumar, reclama un reparto diferenciado que conceda mayor capacidad presupuestaria a la Comunidad Valenciana.
Las comunidades pueden perder 5.849 millones de margen
La propuesta rechazada fijaba un déficit del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029 para el conjunto de las administraciones públicas.
La Administración central asumiría la mayor parte, con un objetivo del 1,5% durante el próximo ejercicio. La Seguridad Social dispondría de un 0,2%, las comunidades autónomas de un 0,1% y las entidades locales tendrían que mantener el equilibrio presupuestario.
Hacienda calcula que esa décima reservada a las autonomías representa 1.869 millones de euros en 2027 y 5.849 millones durante todo el periodo. El ministro Arcadi España ha centrado buena parte de su intervención en esa cifra para pedir el apoyo de los grupos.
"Lo que se vota aquí es si las comunidades autónomas van a disponer de más o menos recursos", ha defendido desde la tribuna. El ministro ha acusado a los gobiernos regionales del PP de reclamar una mayor capacidad de gasto mientras sus diputados rechazan el instrumento que permitiría ampliarla.
Los 'populares' sostienen que las limitaciones derivadas de la regla de gasto impedirían utilizar buena parte de ese margen. El Gobierno replica que el voto en contra acerca a las comunidades al equilibrio presupuestario y reduce su capacidad para financiar sanidad, educación, dependencia y otros servicios públicos.
El rechazo parlamentario tampoco afecta al techo de gasto de 226.032 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros. Esa cantidad, un 6,6% superior a la referencia del ejercicio anterior y la mayor hasta ahora, se comunica al Congreso, pero queda fuera de la votación.
Una segunda votación con los mismos números
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe remitir un nuevo acuerdo en el plazo máximo de un mes cuando el Congreso o el Senado rechazan los objetivos. Hacienda acelerará ese calendario y aprobará de nuevo la misma propuesta en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
El segundo intento llegará al Congreso el jueves 23 de julio. Junts, PP, Vox y UPN mantienen por ahora su rechazo, mientras Podemos y Compromís tampoco han dado señales de que vayan a cambiar su abstención.
Una nueva derrota abriría un escenario con pocos precedentes. La ley regula el procedimiento posterior al primer rechazo, pero deja sin desarrollar con precisión qué sucede cuando las Cortes tumban por segunda vez la senda.
Hacienda sostiene que podrá continuar con la elaboración de los Presupuestos utilizando como referencia los compromisos fiscales asumidos ante la Unión Europea y los principios de estabilidad recogidos en la Constitución. Esa interpretación cuenta con el respaldo de un informe solicitado anteriormente a la Abogacía del Estado, aunque nunca ha sido puesta a prueba durante una tramitación completa.
El principal cambio afectaría a las autonomías. Sin una distribución parlamentaria del déficit, el Gobierno entiende que tendrían que elaborar sus cuentas en equilibrio y perderían la décima que les concedía un margen de 5.849 millones durante los tres próximos años.
El Gobierno mantiene su intención de presentar las cuentas
El Ejecutivo insiste en que llevará los Presupuestos de 2027 al Congreso después del verano. Serían las primeras cuentas nuevas de la legislatura, tras varios ejercicios de prórroga, y el principal examen parlamentario de Pedro Sánchez antes del próximo ciclo electoral.
La votación de este martes deja clara la dificultad de construir la mayoría necesaria. ERC y PNV han respaldado la senda por considerar que su rechazo perjudica a las comunidades, aunque han separado ese voto del que emitirán cuando conozcan el contenido completo de los Presupuestos.
El PNV ha reclamado al Gobierno mayor anticipación política y capacidad para cerrar acuerdos. Su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, ha advertido de que una derrota de las cuentas abriría el momento de "devolver la palabra a la ciudadanía".
ERC también mantiene pendientes sus exigencias sobre la financiación de Cataluña. Junts ha endurecido su posición y utiliza cada votación para trasladar su alejamiento de Moncloa, aunque continúa apoyando las iniciativas que considera beneficiosas para la comunidad.
El Gobierno volverá a aprobar la senda en el próximo Consejo de Ministros. La segunda votación se celebrará el jueves 23 de julio, último Pleno extraordinario previsto antes de agosto.
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