A medianoche del 14 de diciembre de 1988, los trabajadores de Televisión Española cortaron la emisión. El apagón anunció una huelga general que vaciaría fábricas y oficinas y obligaría al Gobierno de Felipe González a abandonar su proyecto de contrato juvenil. Casi cuatro décadas después, la huelga general del 11N recupera aquella capacidad de llevar a los centros de trabajo un problema que afecta a toda una generación. En 1988 se trataba de las condiciones del primer empleo. Este miércoles, de lo que cuesta pagar una casa incluso cuando se tiene trabajo.
La movilización que prendió tras el desahucio de Maricarmen Abascal es la primera huelga general de 24 horas convocada conjuntamente por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) desde 2012. La impulsa el movimiento de inquilinas y reúne a sindicatos laborales y colectivos de barrio. Esa alianza tiene precedentes. Algunas de las mayores conquistas laborales en España empezaron precisamente cuando gente de otros oficios, otras empresas y otras ciudades hizo suya una pelea que había comenzado lejos de su puesto de trabajo.
De las ocho horas de "La Canadiense" a los mineros que plantaron cara a Franco
En febrero de 1919, los empleados de facturación de la compañía eléctrica conocida como "La Canadiense" dejaron de trabajar para exigir la readmisión de varios compañeros despedidos. La huelga, impulsada por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), se extendió al textil y a otras empresas de electricidad, gas y agua. El paro afectó a los tranvías, al alumbrado y a buena parte de la industria de Barcelona. El Gobierno movilizó al Ejército y miles de huelguistas acabaron encarcelados en Montjuïc.
La negociación arrancó mejoras salariales y la readmisión de los despedidos. La protesta se reanudó en marzo al quedar presos por liberar. El decreto del 3 de abril de 1919 llevó la principal conquista más allá de Barcelona. Fijó con carácter general un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales desde el 1 de octubre. El sábado todavía era laborable, pero un conflicto que había empezado en las oficinas de una eléctrica había cambiado por ley la jornada de trabajo en España.
En abril de 1962, siete mineros despedidos del pozo Nicolasa, en Mieres, encendieron la protesta en las cuencas asturianas. Uno de ellos, Eladio Gueimonde, recordaría décadas después por qué pararon. “Queríamos más dinero y mejores condiciones, la mina era inhumana”. La Huelgona se extendió a centros de trabajo de otras 27 provincias. Las mujeres de las cuencas sostuvieron el paro con cajas de resistencia, reparto de comida y piquetes. El franquismo respondió con detenciones y declaró el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa.
La dictadura acabó negociando. Los siete despedidos volvieron al trabajo y las plantillas mineras consiguieron que parte de la subida del precio del carbón se destinara a mejorar sus salarios. Aquel pulso dio fuerza a las redes obreras que se reorganizaban bajo la dictadura. En 1978, la Constitución reconoció en su artículo 28.2 el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga para defender sus intereses.
El 14D frenó el contrato juvenil y el 20J hizo rectificar a Aznar
La unidad sindical que marcó el 14 de diciembre de 1988 se había echado en falta tres años antes. En 1985, CCOO se movilizó contra la reforma de las pensiones sin el respaldo de UGT y el Gobierno mantuvo el aumento de los años de cotización exigidos. En 1988, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, al frente de UGT y CCOO, convocaron juntos. El plan del Ejecutivo preveía contratos temporales para jóvenes de 16 a 25 años, con el salario mínimo como referencia y fuertes bonificaciones para las empresas. Los sindicatos exigían también ampliar la protección por desempleo y mejorar las pensiones y los salarios de los empleados públicos.
Millones de trabajadores secundaron el paro. El contrato juvenil quedó sin aplicarse y la negociación posterior trajo mejoras para los pensionistas y el reconocimiento por ley de la negociación colectiva de los empleados públicos en 1990. Ese mismo año se aprobaron las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que ampliaron la protección a personas sin cotizaciones suficientes. Una huelga que había empezado por las condiciones de entrada al mercado laboral acabó abriendo una negociación sobre cómo se repartían los beneficios del crecimiento económico.
El 20 de junio de 2002, CCOO y UGT volvieron a parar contra el “decretazo” del Gobierno de José María Aznar. La norma endurecía las condiciones para conservar la prestación por desempleo si se rechazaba una oferta considerada adecuada y había suprimido, en buena parte de los despidos improcedentes, los salarios de tramitación. Son los que compensan el sueldo perdido entre el despido y la resolución judicial. El Gobierno cifró el seguimiento en el 16 %. Ese día, la demanda eléctrica cayó más de un 20 %, un indicador del frenazo de la actividad que se notó especialmente en la industria, la construcción y el transporte.
En julio, Aznar sustituyó al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, por Eduardo Zaplana. Tras negociar con los sindicatos, el Ejecutivo recuperó en diciembre los salarios de tramitación y suavizó algunas de las condiciones impuestas a los desempleados. La rectificación fue parcial. En 2007 llegó un segundo desenlace, por la vía judicial. El Tribunal Constitucional anuló el decreto original porque el Gobierno no había justificado la urgencia necesaria para aprobarlo por esa vía.
De las huelgas contra los recortes al 11N por la vivienda
Las huelgas de la crisis financiera tuvieron otro desenlace. La del 29 de septiembre de 2010 no frenó la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. El 29 de marzo de 2012, el primer gran paro contra el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco logró la retirada de la reforma que generalizó la indemnización de 33 días por año en el despido improcedente. El 14 de noviembre, España y Portugal volvieron a la huelga en una jornada europea contra la austeridad. La reforma siguió en pie y cientos de miles de personas salieron a la calle contra los recortes.
El precedente más cercano al 11N por la forma de organizarlo está en el 8 de marzo de 2018. El movimiento feminista llevó a la huelga asuntos que rara vez llegaban juntos a una mesa de negociación, como la brecha salarial y el reparto de los cuidados. CNT y CGT convocaron un paro de 24 horas y CCOO y UGT, de dos horas por turno. La protesta se extendió a los hogares, las aulas y el consumo. Hoy son los sindicatos de inquilinas los que han llevado a las plantillas una reivindicación que llevaba años organizándose en los barrios.
La coincidencia importa para quien se plantea parar. Perder un día de sueldo pesa más cuando el alquiler se lleva buena parte de la nómina. Y conseguir una subida salarial sirve de poco si la próxima renovación del contrato de vivienda se la come entera. De ahí que el 11N interpele a la patronal por los salarios y a las administraciones por la vivienda. Este jueves, la Diputación Permanente del Congreso votará por separado los dos decretos de vivienda, con medidas sobre la prórroga de alquileres, la suspensión de determinados desahucios y la indemnización al inquilino en algunos casos de no renovación. La negociación del nuevo acuerdo salarial con la patronal sigue pendiente.
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