Junts le pasa la pelota al Gobierno. La formación catalana ha decidido volver a poner sobre la mesa una nueva propuesta al Gobierno para tratar de desbloquear la negociación de los dos decretos de vivienda que este viernes se someten a convalidación en el Congreso. La formación independentista entregará hoy al Ejecutivo un texto propio, ya preparado, que pretende utilizar como punto de partida para una nueva negociación.
La propuesta llega después de que la Ejecutiva Nacional de Junts acordara este jueves por la noche, por unanimidad, exigir al Gobierno la retirada de los dos reales decretos antes de la votación. La formación de Carles Puigdemont mantiene que este paso es una condición previa para continuar trabajando en un nuevo acuerdo.
Fuentes de Junts explican a este periódico que la retirada es necesaria para evitar que sigan desplegándose los efectos de los decretos, que actualmente están en vigor. La formación sostiene que el objetivo es volver a trabajar sobre un nuevo texto que incorpore medidas "efectivas" para afrontar la crisis de la vivienda.
El documento que Junts entregará este viernes, según las mismas fuentes, es una propuesta propia de Real Decreto-ley "amplia y técnicamente solvente". La formación asegura que el texto plantea medidas contra los fondos buitre y mecanismos de protección para las familias. Su presentación pretende servir de base si el PSOE acepta abrir una nueva negociación.
La posición de Junts se produce después de que su dirección se reuniera este jueves por la noche, a partir de las 21.00 horas, para fijar el sentido del voto de sus diputados. Tras esa reunión, la formación acordó reclamar la retirada de ambos decretos y, si el Gobierno no accedía, votar en contra de los dos.
El movimiento de Junts llegó después de que su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, expresara su "decepción y preocupación" por el contenido definitivo de los textos. La formación había reclamado durante la negociación mayores garantías para las familias y los pequeños propietarios, así como medidas que impidieran que los fondos de inversión continuasen adquiriendo viviendas.
El Gobierno mantiene los decretos
La nueva propuesta de Junts se presenta después de que el Gobierno haya rechazado retirar los dos reales decretos. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que la coalición mantiene ambos textos, pese al ultimátum de la formación de Puigdemont.
El Gobierno defiende que los decretos son fruto de meses de trabajo y negociación con distintos grupos parlamentarios y sostiene que durante ese proceso se ha buscado "acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía".
El primer real decreto contempla, entre otras medidas, la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, medidas de protección para los arrendatarios, regulación de la figura del gran tenedor y diferentes medidas fiscales. El segundo está orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
El Ejecutivo sostiene que las medidas permitirán "frenar la especulación", "poner coto a los fondos buitre", facilitar el acceso a la primera vivienda, impulsar los alquileres asequibles y evitar desahucios "sin dañar a los pequeños propietarios".
Como ejemplo de los efectos del primer decreto, las mismas fuentes han señalado el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio previsto para este miércoles fue suspendido después de que su defensa invocara las nuevas medidas de protección incluidas en el Real Decreto-ley 26/2026. El juzgado acordó paralizar el lanzamiento.
Pese a la petición de Junts, el Gobierno mantiene que los dos textos se someterán este viernes a votación en el Pleno del Congreso. La sesión comenzará a las 11.00 horas y los grupos deberán decidir sobre la convalidación o derogación de ambos reales decretos-ley.
Mientras tanto, Junts plantea su nueva propuesta como punto de partida para una eventual negociación, aunque mantiene su exigencia de que los dos decretos actualmente en vigor sean retirados antes de avanzar hacia un nuevo acuerdo.
