El Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que atender a más condiciones si quiere llevar a cabo su plan anticrisis. El próximo jueves 26 de marzo se llevará a cabo la votación de los decretos para frenar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Oriente Medio, para su convalidación o derogación, en el caso de que el Ejecutivo no cuente con apoyos suficientes.
En este contexto, Junts ha confirmado que votará a favor del plan siempre que el Gobierno respalde su iniciativa para suprimir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.
Por su parte, Podemos ha anunciado que se abstendrá en la votación. El partido liderado por Ione Belarra ya había avanzado que no respaldaría el decreto si el presidente no anunciaba la salida de España de la OTAN. La eurodiputada Irene Montero reiteró este fin de semana que la formación solo apoyaría las medidas si se amplían las ayudas con topes a los precios de los alimentos y los combustibles, además de insistir en la salida de la Alianza Atlántica.
Coalición Canaria también ha fijado sus condiciones. Su diputada Cristina Valido considera que el plan tiene un impacto “insuficiente” para la “vulnerable economía canaria” y ha reclamado que el Gobierno garantice una compensación financiera para el archipiélago, al considerar que el decreto está “pensado para la realidad peninsular” y no tiene en cuenta la singularidad fiscal de Canarias.
Asimismo, el Partido Popular ha condicionado su respaldo a que el Ejecutivo incluya nuevas medidas, entre ellas la deflactación de la tarifa del IRPF. A su juicio, el decreto actual se queda “corto” y existe “margen” para desplegar más apoyos dirigidos a las familias y a las rentas medias.
Las medidas del plan contra la guerra de Irán
El plan anticrisis del Gobierno para responder al impacto económico de la guerra de Irán asciende a unos 5.000 millones de euros y en él se incluyen dos decretos: uno, impulsado por el PSOE, centrado en rebajas fiscales; y otro, promovido por Sumar, con medidas en materia de vivienda.
En este contexto, el Ejecutivo ha detallado un conjunto de medidas "estructurales y coyunturales" para proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios. En el ámbito energético, el plan incluye la reducción del IVA de los carburantes, que pasa del 21% al 10%; la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea; la reducción del IVA de la luz y el gas del 21% al 10%; la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (del 7% que pagan las eléctricas) y la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que baja del 5,11% al 0,5%.
Además, se refuerza el bono social eléctrico y térmico, se amplían hasta diciembre de 2026 los descuentos para los consumidores vulnerables y se prolonga la prohibición de cortes de suministros básicos en hogares vulnerables mientras dure la crisis. El paquete incluye, asimismo, ayudas directas de hasta 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, ganaderos, pescadores y otros sectores intensivos en energía, así como descuentos que, sumados a la rebaja fiscal, pueden suponer una bajada de hasta 30 céntimos por litro de gasolina.
Además, incluye la congelación del precio máximo de bombonas de butano y propano, y se aprueban un paquete masivo de deducciones y bonificaciones para la compra de energías renovables, como las deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares.
El segundo decreto, impulsado por Sumar, se centra en la vivienda e integra la congelación de los precios de alquiler mediante un tope a la actualización anual de las rentas, una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan próximamente y un mecanismo de control de márgenes para evitar beneficios injustificados por parte de las grandes empresas del sector.
