El Gobierno ha aprobado este martes la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para intentar aliviar una Justicia que arrastra retrasos, cargas de trabajo muy elevadas y una desconfianza ciudadana cada vez más visible. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos reales decretos: uno para incorporar 500 jueces y magistrados y otro para sumar 200 fiscales.
El ministro Félix Bolaños ha presentado la medida como un “hito histórico” y la mayor ampliación de la planta judicial en democracia. La plantilla de jueces crecerá un 8,5%, mientras que la del Ministerio Fiscal aumentará un 7,13%. El ministro sostiene que el objetivo es que los ciudadanos reciban resoluciones en plazos más breves y que jueces y magistrados trabajen con cargas más razonables.
De las 500 plazas judiciales, 368 irán a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados. El reparto incluye 76 plazas para Audiencias Provinciales, nueve para Tribunales Superiores de Justicia, siete para el Tribunal Supremo y cuatro para la Audiencia Nacional. También habrá 34 plazas de adscripción territorial, movibles según las cargas de trabajo, y dos para el Tribunal Central de Instancia.
El refuerzo llega con los juzgados bajo presión
La ampliación se apoya en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha sustituido los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia con una oficina judicial común. Según Justicia, ese cambio permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente al coste mucho mayor de abrir un juzgado tradicional completo.
El calendario será gradual. Los primeros jueces y magistrados llegarán a sus destinos el 31 de diciembre de 2026. Una segunda tanda se incorporará el 1 de junio de 2027 y el tercer bloque tomará posesión el 1 de noviembre de 2027, tal como había pedido el Consejo General del Poder Judicial.
La medida aterriza en pleno pulso por los refuerzos judiciales. El CGPJ ha reclamado al Ministerio que reconsidere su negativa a financiar apoyos en juzgados especializados en cláusulas suelo, al advertir de que podrían quedar suspendidos o sin resolver 12.470 asuntos en el segundo semestre del año. La Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona serían los territorios más afectados.
En paralelo, las 200 nuevas plazas de fiscales reforzarán áreas sensibles como Violencia sobre la Mujer, delitos de odio y discriminación, trata de personas, extranjería, cooperación penal internacional y criminalidad informática. También se crea una plaza de fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.
Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana serán las comunidades con más nuevas plazas judiciales en términos absolutos. Por porcentaje, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11%. En la carrera fiscal, los mayores refuerzos llegarán también a Andalucía, Cataluña y Madrid.
Bolaños intenta vender gestión y modernización en un momento complicado para la Justicia. El atasco sigue ahí, el CGPJ mantiene sus reclamaciones y los nuevos jueces no pisarán destino hasta final de año.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
