La negativa de los partidos de derechas ante los dos decretos de vivienda que lleva el Gobierno a votación al Congreso de los Diputados este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya baraja la posibilidad de convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre, según han avanzado fuentes del Ejecutivo a ‘eldiario.es’.
Tal y como avanzamos en exclusiva en 'ElConstitucional.es', los teléfonos entre Moncloa y Sumar no dejaron de sonar. La tensión entre los socios del Gobierno ha alcanzado uno de sus puntos más elevados ante la votación de este viernes en el Congreso de los dos decretos de vivienda, amenazados por el voto en contra de Junts. En el espacio de Yolanda Díaz crece la convicción de que, si el Ejecutivo es incapaz de sacar adelante unas medidas que considera centrales para su agenda, la legislatura habrá entrado en una nueva fase.
Bajo este contexto, fuentes internas del espacio Sumar trasladan a ElConstitucional.es que existe un profundo malestar y que las conversaciones con Moncloa se han intensificado durante las últimas horas. "Los teléfonos arden", resumen estas fuentes, que sitúan el hartazgo acumulado durante las últimas semanas en uno de sus momentos de mayor intensidad.
En este escenario, Sumar podría preparar un movimiento político de mayor alcance: señalar a Pedro Sánchez el camino a un adelanto de las elecciones generales si este viernes decaen los dos decretos de vivienda.
La presión, según las mismas fuentes, ya no procede únicamente de diputados de Sumar. También se estaría extendiendo al propio sector del partido que forma parte del Gobierno. La tesis que gana peso dentro del espacio es que mantener la legislatura en las actuales condiciones puede dejar de tener sentido político si el Ejecutivo no consigue aprobar medidas consideradas prioritarias por sus propios socios.
Bustinduy afrontará el debate con un discurso en clave electoral
La intervención que protagonizará este viernes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será seguida especialmente de cerca dentro de Sumar. Fuentes conocedoras del planteamiento trasladan a este periódico que el discurso estará planteado con un marcado componente electoral. “Yo sé que mañana Bustinduy defiende el segundo decreto. Y el discurso será en clave electoral”, señala una de estas fuentes.
El planteamiento que se maneja en Sumar parte de una premisa política: si el Gobierno no consigue aprobar siquiera los decretos destinados a abordar el problema de la vivienda, será cada vez más difícil justificar la continuidad de la legislatura en las condiciones actuales.
No se trata, según las fuentes consultadas, de una presión limitada al grupo parlamentario. La reclamación de elecciones habría comenzado a instalarse también entre dirigentes del espacio que forman parte del Ejecutivo.
Sumar quiere aprovechar la movilización por la vivienda
El debate sobre la continuidad del Gobierno se cruza además con otro elemento que Sumar considera determinante: la creciente movilización social alrededor del acceso a la vivienda.
Dentro del partido existe la idea de que una eventual campaña electoral debería convertir esta cuestión en uno de sus ejes principales. La vivienda permitiría, según este planteamiento, disputar espacio político tanto al PP como a Vox y capitalizar una movilización social que en los últimos meses ha adquirido mayor protagonismo.
Por eso, el eventual fracaso parlamentario de este viernes no se contempla únicamente como una derrota legislativa. En Sumar existe la percepción de que podría convertirse en el punto de partida de una nueva etapa política. Fuentes del espacio señalan, además, que Sumar quiere acelerar la preparación de su candidatura para unas próximas elecciones generales. La presentación podría adelantarse y producirse incluso durante la próxima semana.
La hipótesis electoral, por tanto, comienza a convivir con la propia actividad del Gobierno.
El Gobierno no retirará los decretos de vivienda
El Gobierno ha respondido al ultimátum de Junts y ha cerrado la puerta a aprobar los dos decretos de vivienda que este viernes se someten a votación en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que la coalición progresista ha acordado mantener ambos reales decretos, pese a que la formación de Carles Puigdemont ha anunciado que votará en contra si el Gobierno no los retira.
La dirección de Junts ha acordado este jueves por "unanimidad" exigir al Ejecutivo la retirada de los dos textos y, en caso contrario, votar en contra de ambos. La decisión se produjo después de que su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, expresara su "decepción y preocupación" por el contenido de las medidas y cuestionara que los decretos impidan que los fondos de inversión continúen comprando vivienda.
Frente a esta posición, fuentes del Gobierno defienden que los decretos son el resultado de meses de trabajo y negociación con los diferentes grupos parlamentarios. El Ejecutivo sostiene que durante este proceso se ha tratado de "acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía".
Los dos reales decretos incluyen medidas diferentes en materia de vivienda. El primero contempla, entre otras cuestiones, un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, medidas de protección para los arrendatarios, regulación de la figura del gran tenedor y distintas medidas fiscales. El segundo está orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
El Gobierno defiende que estas medidas permitirán "frenar la especulación", "poner coto a los fondos buitre", facilitar el acceso a la primera vivienda, impulsar los alquileres asequibles y evitar desahucios "sin dañar a los pequeños propietarios".
Las mismas fuentes han utilizado además el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio previsto para este miércoles fue suspendido tras la entrada en vigor del primer decreto. El juzgado acordó paralizar el lanzamiento después de que la defensa de la afectada invocara las nuevas medidas de protección incluidas en el Real Decreto-ley 26/2026.
Con la negativa a retirar los textos, el Gobierno eleva ahora la presión sobre los grupos que todavía no respaldan ambos decretos. "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten", señalan las fuentes del Ejecutivo, que plantean la votación como una decisión entre apoyar las medidas impulsadas por el Gobierno o rechazarlas. "España ya no puede esperar más. Necesita solucciones y una política de vivienda valiente".
El Ejecutivo también agradece el respaldo anunciado por ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. El escenario, sin embargo, continúa condicionado por las posiciones de los distintos grupos. Podemos ha confirmado su apoyo a los dos decretos, mientras que el PNV ha anunciado que respaldará el primero pero votará en contra del segundo.
Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026
Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy…
